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CARACAS.- Una reforma a la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV), promulgada por el presidente de ese país, Nicolás Maduro, difundida hoy, suprimió la facultad que tenía la Cámara de elegir al directorio de la institución, cuando solo faltan horas para que se instale el nuevo Parlamento de mayoría opositora.
La reforma del artículo 9º de la ley, suprime la obligación que establecía que la designación del presidente debía «ser ratificada por el voto de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional».
Ahora el presidente del BCV será «designado por el Presidente o Presidenta de la República para un período de siete (7) años», según establece uno de los artículos de la ley la reformada por Maduro, anunciada el pasado 30 de diciembre y difundida hoy en la Gaceta Oficial, junto a más de una docena de leyes creadas y reformadas.
Asimismo eliminó la facultad que tenía la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de -mediante la mayoría de sus miembros- designar a dos de los seis miembros del Directorio del BCV, una potestad que será solo del jefe del Ejecutivo.
Por otra parte, la prohibición de que el ministro «que tenga bajo su competencia las finanzas públicas» fuera miembro del Directorio, quedó sin efecto, y establece que este funcionario ahora debe estar en la directiva.
Hace una excepción en el artículo que prohíbe al BCV otorgar créditos directos al Gobierno nacional, y establece que «excepcionalmente» el BCV «podrá obtener, otorgar o financiar créditos al Estado y entidades públicas y privadas cuando objetivamente exista amenaza interna o externa a la seguridad u otro perjuicio al interés público».
Esta calificación de amenaza será realizada por el jefe de Estado mediante un «informe confidencial», o podría ser aprobado de forma unánime por los miembros del Directorio.
En el artículo que se refiere a la transparencia de la institución, la reforma añade que el BCV «podrá clasificar determinada información como secreta o confidencial, cuando de la divulgación o el conocimiento público anticipado de las actuaciones (…) pudieran derivarse perjuicios para los intereses generales».
