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CARACAS.- El Parlamento venezolano transita un camino peligroso en medio de la posibilidad de ser desconocido por el Estado al incurrir en el desacato de una decisión del Supremo de ese país, justo cuando los opositores dan el primer paso hacia una amnistía que podría dejar en libertad a los políticos presos.
La posibilidad de que, desde el legislativo controlado por primera vez por opositores, se generen cambios en el país, peligra cuando apenas se cumplen seis días de haber tomado posesión, lo que arriesga la agenda que los llevó a sus escaños.
Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró hoy el “desacato” en el que incurrió el nuevo Parlamento y ordenó la separación de los tres diputados de la oposición que juraron el pasado miércoles, a pesar de recaer sobre ellos una sentencia del máximo tribunal que les suspendía de sus cargos.
Con esta sentencia publicada este lunes, el organismo judicial ordenó a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) “dejar sin efecto” su juramento y en consecuencia “proceda con la desincoporación” (separación de los cargos) inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla, Julio Haron Ygarza y Romel Guzamana.
La decisión declaró además “nulos absolutamente” todos los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o dicten mientras continúen en ella los tres diputados del estado Amazonas suspendidos cautelarmente y que les impedía tomar juramento de los cargos, tal como habían pedido parlamentarios chavistas el pasado día 7.
Estos tres diputados opositores forman parte de los 112 que fueron elegidos en los comicios del pasado 6 de diciembre y que dieron a la oposición venezolana la mayoría calificada de dos tercios en la AN por primera vez en tres quinquenios y a la que la oposición se niega a renunciar.
El grupo se redujo a 109 una vez que el chavismo alegara fraude en el proceso de votación y protestara a los ganadores, y presentará un recurso de impugnación contra varios diputados opositores pese a haber firmado dos acuerdos con los que se comprometía a aceptar los resultados.
El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aunque no precisó si acatará o no esta nueva sentencia, rechazó la decisión del Poder Judicial.
Con este dictamen “no cabe duda que el TSJ express está al servicio del gobierno para anular la voluntad popular”, dijo Allup en una primera reacción ante la sentencia.
