El presidente Danilo Medina pudo convencer a la población en su comparecencia el miércoles ante el Congreso porque cumplió con el mandato constitucional de rendir cuentas sobre el desempeño de su gobierno en 2018 y porque anuncio la ejecución de un paquete de iniciativas públicas de gran repercusión social.
Lo de exponer los logros de su gestión durante el año pasado fue tarea relativamente fácil y agradable para el mandatario porque la economía tuvo el mayor crecimiento (7%) de la región y porque todos los indicadores económicos se mantuvieron estables.
A cualquier gobernante le gustaría exponer sobre los significativos aportes al crecimiento del PIB del turismo, remesa, inversión extranjera, exportaciones o de señalar los avances alcanzados en educación, salud, generación eléctrica, construcción de presas.
Era previsible que el Presidente abordara a profundidad el tema de las visitas sorpresas y su repercusión sobre el desarrollo de la agropecuaria y de la calidad de vida en el ámbito rural, así como sus programas de modernización del sistema penitenciario de modernización de infraestructura portuaria.
Las dificultades mayores en esa rendición de cuentas estuvieron relacionados con los temas de criminalidad, delincuencia y seguridad ciudadana, porque quizás las cifras ofrecidas sobre la disminución de homicidios y casos delictuosos no fueron suficientes.
Insertar en ese discurso lo referido a la corrupción seria como llover sobre mojado, porque los casos de prevaricación están en los tribunales y porque el propósito de la comparecencia presidencial no era el de vencer a la oposición, sino convencer a la población.
La fortaleza de ese discurso se puso en relieve en débiles criticas presentadas por litorales políticos y mediáticos, la mayoría centrados solo en los temas de seguridad ciudadana y corrupción y en la generalizada aquiescencia que recibió de gremios empresariales, sindicales y editoriales de prensa.
Se resalta en ese discurso el anuncio sobre reforma a la ley de Seguridad Social para permitir la reafiliacion de 150 mil trabajadores, la reducción de las comisiones que perciben las administradoras de fondos de pensiones, que incrementarían los ahorros de los afiliados de más de tres mil millones de pesos anuales.
El aumento de salarios y de pensiones mínimas en el sector público completa el paquete social inserto en una comparecencia del Presidente que, sin dudas, ha convencido a la población. Los últimos párrafos de ese discurso merecen atención aparte.


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