Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD) calificó el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia como «una estocada» a la independencia de ese poder del Estado.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, denunció que «con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catastrales, INACIF, cárceles, notarios y abogados».
Advirtió que «la creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano».
“Con esta iniciativa se pretende aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia”, declaró.
Explicó que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.
Dijo que «de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catastrales».
“El Ministerio de Justicia destruiría la fiabilidad de los títulos de propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes”, abundó.
Advirtió que «no se puede permitir que en el país se agote el papel de seguridad de los títulos de propiedad, por emitirlos sin control en función de simpatía política, lo cual sería fatal para el clima de inversión en el país».
«Una situación similar podría ocurrir en el INACIF, donde el director será un político nombrado por el presidente de la República, pese a ser la persona encargada de determinar cuándo una sustancia ocupada es o no es droga, la legitimidad de un documento, si la causa de muerte de una persona es homicidio y si hay lesiones y su gravedad», expresó.
jt/am
