Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- Por «improcedente, mal fundada y carente de base legal», el Tribunal Superior de Tierras rechazó la solicitud de un grupo de reclamantes de terrenos en Bahía de Águilas para que sean suspendidos decretos del Poder Ejecutivo que ordenan la constitución de un fideicomiso para el desarrollo turístico de Pedernales.
La jueza Luznelda Solís Taveras estableció que el Estado dominicano tiene derecho en las zonas a desarrollar, incluyendo la parcela 215-A, que es la que se reclama en la litis sobre terrenos registrados.
Uno de los citados decretos (186-15) ordena la venta de esos terrenos del Distrito Catastral 3 del municipio Enriquillo.
Bajo el alegato de que habían adquirido derechos legítimos, la parte recurrente solicitó al Tribunal de Tierras que suspendiera la venta de los inmuebles identificados como las parcelas 215A, 215-79 A, 215-79 B, 215-79 C, 215-79 D, 215-A-79-E, 215-79-F, 215-A-79, 215-A-79-H, 215-A-79-1, 215-A-79 G, 215-79-K, 215-81-A, 215-A-81-B, 215ª-81-C, 215-81-D, 215-A-81-E, 213-A-21-F, 215-81-G, 215-A-81-H, 215-A-81-1, 215-A-81-J, 215-A-K, 215-A-81-L y 215-A-81-M del mencionado Distrito Catastral.
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en representación del Estado dominicano, consiguió que fuera declarada la incompetencia del Tribunal Superior de Tierras en esta materia y que se procediera a referir el proceso ante el Tribunal Superior Administrativo.
Al pedido de la Procuraduría General de la República se adhirieron el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Instituto Agrario Dominicano y el Ministerio de Turismo.
jt/am
