Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- Los técnicos contratados por la JCE para trabajar en las elecciones y que a último momento “renunciaron”, incurrieron en violaciones penales tipificadas como delitos electorales, opinó el jurista Cesar Amadeo Peralta.
Dijo que el artículo 174 de la Ley Electoral 275-97 establece que “los que dejaren de cumplir con alguno de los derechos o de ejercer algunas de las funciones que esta ley le señale, serán castigados con prisión correccional de 3 meses a 1 año de cárcel y multas de RD$2,000 a RD$5,000 pesos.
Indica que la misma pena la sufrirán los que abandonaren sin permiso o autorización de la JCE el cargo, la comisión o la función que de acuerdo con esta ley se les hubiere encomendado.
Destaca que esas mismas penas le serían impuestas de acuerdo al párrafo 3 del artículo 174 de la citada ley “a los que no cumplieren las obligaciones o deberes que esta ley les señale, dentro del término en que ella se establece.
Si la demora fuere maliciosa y tuviere por objeto preparar o cooperar a la comisión de la preparación de un escrutinio, incurrirán con dicha sanción.
Amadeo Peralta dijo que la JCE está en el derecho de pedir restituciones en daños y perjuicios en su favor, en contra de estos técnicos, en caso de resultar condenados, según lo prevé el artículo 10 del Código Penal Dominicano.
