POR LUISANNA LORA PERELLO
Otra vez la misma escena. Otra vez un uniforme, otra vez un ciudadano, en este caso una joven, recibiendo golpes, y otra vez la promesa institucional de una “investigación exhaustiva”.
La Policía Nacional ha suspendido al coronel Fausto Madé Ramírez tras hacerse viral un video donde se observa claramente la agresión física contra una joven en Los Mina. La reacción fue rápida, sí. Pero la pregunta inevitable es: ¿rápida para qué?
Porque cuando la evidencia es tan cruda, tan directa, tan imposible de reinterpretar, hablar de investigación suena más a protocolo que a justicia.

En el video no hay ambigüedad. No es un ángulo dudoso, no es un audio confuso, no es un hecho que requiera reconstrucción técnica compleja. Lo que se ve es un oficial superior golpeando a una mujer en medio de lo que se supone era un operativo. Y eso, por donde quiera que se mire, no es procedimiento: es abuso.
Entonces, ¿qué se investiga?
¿Si fue él? Ya se ve.
¿Si ocurrió? Está grabado.
¿Si hubo exceso? Es evidente.
La suspensión es una medida administrativa necesaria, pero insuficiente frente a la gravedad del hecho. Porque el problema aquí no es solo un hombre, es lo que representa: una cultura de autoridad mal entendida, donde el poder se impone por la fuerza y no por la ley.
Y cuidado con esto: cada vez que un caso como este termina diluyéndose en procesos largos, tecnicismos o sanciones leves, el mensaje que queda en la calle es peligroso: que todo depende de si hay cámara… y de qué tan viral se haga.
La Policía habla de lineamientos, de disciplina, de sanciones ejemplares. Perfecto. Pero este es el momento de demostrar que esas palabras no son solo parte de un guion repetido.
Porque aquí no hay versiones encontradas ni espacio para confusión.
Lo que pasó está a la vista de todos.
Y cuando es así de claro, lo único que corresponde no es investigar para entender… es actuar para sancionar.
jpm-am


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