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Evidenciado al máximo que nuestra sociedad está enferma, con principios y valores en crisis extrema, la estructura corrupto-criminal descubierta en SENASA no solo ha tocado la conciencia del colectivo nacional, sino que, sorpresivamente, coloca al presidente Luis Abinader ante la más difícil y dura prueba de su mandato de cinco años y meses.
Le fallaron de nuevo al gobernante, como hicieran algunos ya fuera del tren oficial y lo hacen otros aún en los puestos ¿todavía?, pese a quejas y a algunos “ruidos”, todos inicialmente designados por cuotas político-partidarias. Le han dañado el discurso de transparencia y no corrupción.
El desengaño o golpe emocional para el presidente y entorno familiar ha debido ser muy alto esta vez, porque alguien cuasi de la casa traiciona la confianza depositada y, aun cuando no va a ser de nuevo candidato, sino casi seguro presidente de su partido al término del mandato, el caso SENASA y la estela que va dejando lo hasta ahora descubierto le dejan un sabor muy amargo y un alto costo político en lo personal, pero también para el PRM, de tamaño inmedible y de impredecibles consecuencias.
Salida del poder
Al punto de que, de la investigación llegar al fondo y comprobarse verdad en la especie de que de esos pagos y contratos cuantiosos e irregulares por servicios no prestados a millones de personas desvalidas a las que se les negó la salud o se empujó a la muerte salieron los fondos usados en la campaña del 2024, eso solo decretaría la pérdida de las elecciones y la consiguiente salida del poder del PRM, al termino del mandato de Abinader.
Un PRM hoy resentido, con desgaste y sin candidato fuerte definido debe hilar fino, comenzando por limpiar un poco el entorno de personajes dañados, de vivos y de hábiles que lo han penetrado, incluidos algunos empresarios e “independientes” de la sociedad civil. Por cierto, los aspirantes a suceder a Luis le han dejado solo con el tema y con la carga. Que sepamos, solo Guido ha dado la cara, pidiendo lo que los autores del criminal entramado merecen: funcionarios, clínicas y médicos, entre otros.
Los últimos, comprobada la culpa, deben ser inhabilitados de por vida. Porque abrir un corazón y colocarle un aparato a alguien que no lo necesita, solo por dinero (¿), no tiene perdón. La Procuradora, que se juega la faja, adelanta que va por una condena para todos los acusados. ¡Y ojalá! La sociedad, herida y burlada, le tomará la palabra. Aquí los jueces serán pieza clave.
