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SANTO DOMINGO (EFE).- La Procuraduría General de la República (PGR) entregó a diversas instituciones del Estado y ONG más de 160 millones de pesos, cantidad procedente de las incautaciones realizadas durante el año en operaciones contra el narcotráfico y el lavado de activos.
El titular de la PGR, Jean Alain Rodríguez, detalló este viernes en rueda de prensa los detalles de la entrega de valores monetarios decomisados, según establece la Ley de Lavado de Activos.
El año pasado se distribuyeron 388 millones de pesos entre las instituciones que establece la normativa, cantidad decomisada en operaciones desarrolladas entre 2017 y 2018.
Esa cantidad, la mayor hasta la fecha en el combate de lavado de activos, sumada a los 161,852,545.75 pesos de este año, se acercan los 550,000 millones de pesos decomisados y distribuidos en estos tres años, apuntó el funcionario.
Entre 2007 y 2016 se decomisaron 688 millones de pesos aproximadamente, de modo que lo decomisado en los últimos tres años supone un 80 % del total de valores que se incautaron y distribuyeron en los diez años previos, indicó Rodríguez.
En cuanto a la distribución de los valores monetarios por instituciones, el procurador indicó que un 25 % del total, es decir, 40,463,136.44 pesos, se ha destinado a la Dirección Nacional de COntrol de Drogas (DNCD), y otro tanto se ha entregado al Consejo Nacional de Drogas (CND), apuntó.
Otra cuarta parte le corresponde a la PGR, mientras que a la Policía Nacional se le han asignado 16,185,254.57, equivalentes a un 10 %, y el 15 % restante, que asciende a 24,277,881,86 pesos, se reparte entre 25 organizaciones no gubernamentales que realizan labores de prevención del consumo de estupefacientes.
Estas ONG fueron seleccionadas mediante un proceso de análisis en el que participó el CND, que estableció las categorías para determinar cuáles de esas instituciones son merecedoras de recibir esos fondos, apuntó el procurador.
Asimismo, precisó que la PGR empleará el dinero que le corresponde en fortalecer las áreas de prevención y combate de esas actividades del crimen organizado, incrementando así la eficiencia del Ministerio Público y garantizando que los fiscales cuentan con las herramientas y equipos necesarios para luchar contra estos delitos.
