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SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana calificó de «atentado a la democracia» el proyecto de ley orgánica que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, aprobado recientemente en el Senado y que está en agenda de la Cámara de Diputados.
El movimiento afirmó que el proyecto es un «atentado a la democracia», por cuanto amenaza la libertad de expresión e información.
«Esta pieza legislativa trata de proteger a los funcionarios públicos, políticos y legisladores en momentos en que lo que se necesita es más transparencia, mayor rendición de cuentas y empoderamiento de la ciudadanía y la prensa en cuanto a su derecho a monitorear las actuaciones de los gobernantes», dijo la entidad en un comunicado.
Este proyecto, de ser convertido en ley, lesionaría la igualdad de los ciudadanos, privilegiando a aquellos que tienen funciones públicas, agregó.
De acuerdo a Participación Ciudadana el interés público debe predominar sobre lo privado, cuando entraña claridad en la búsqueda de la verdad, de la información y de la noticia.
«De aprobarse este proyecto de ley, los medios de comunicación tendrían que solicitar consentimiento cada vez que vayan a utilizar sus archivos de imágenes de personas públicas», advirtió.
La democracia dominicana ha sido calificada como defectuosa, según el más reciente Informe de Riesgo Político América Latina 2022, del Centro de Estudios Internacionales. Estudios como Latinobarómetro establecen que República Dominicana adolece de debilidad institucional, y falta de confianza en los actores políticos, sobre todo, en los congresistas.
El país cuenta con suficientes legislaciones para proteger el legítimo derecho a la dignidad, honra y la intimidad.
La Constitución, en su artículo 38, reza: Dignidad humana «El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable, su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos».
Diversos sectores del país han manifestado su oposición al proyecto y coincidido en que amenaza la libertad de expresión.
Los senadores lo aprobaron a finales de mayo pasado y ahora se está a la espera de su discusión en la Cámara de Diputados. La iniciativa es de la senadora por Bahoruco, Melania Salvador.
