Enmendar es de sabios

La condena adelantada que están purgando Angel Rondón y Víctor Díaz Rúa, de un año y nueve meses de prisión respectivamente en Najayo, rompe el esquema de aplicación de justicia, el debido proceso, la máxima constitucional -casi mundial- de que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario.

Cuando la corte penal de la Suprema Corte de Justicia decidió revocar la generalidad de los niveles de medidas de coerción dictadas por el juez Fernando Ortega -magistrado de la SCJ actuando en calidad de Juez de Instrucción por la calidad de privilegio constitucional de varios de los imputados en ese caso-, Rondón y Díaz Rúa fueron mantenidos en prisión. Pero más aún. La decisión del juez Ortega, de volver sobre sus pasos y dejar en libertad, aunque con medida de coerción a Bernardo Castellanos, estruja sobre la cara de la justicia, la injusticia contra Rondón y Díaz Rúa. No digo, ni pretendo decir, que Rondón y Díaz Rúa sean inocentes. Pero tampoco los condeno y menos aplaudo la sentencia adelantada a que están sometidos.

Mucha gente quedó sorprendida de que a Castellanos, quien había estado en el exterior desde que se le encartó en el expediente, se le dejó en libertad y se le colocó coerción de depósito económico, presentación periódica e impedimento de salida del país contra este, el imputado número 14.

No digo, ni pretendo, que Castellanos debió quedar reducido a prisión. Pero las medidas de coerción que se le impuso indican que ese es el camino correcto, toda vez que ninguno de los encartados han dado demostraciones de fuga o de contaminar las eventuales pruebas sobre los puntos de que se les acusa. Una demostración fue como esta semana desfilaron por las oficinas del juez todos los imputados que están en libertad en este caso a firmar el libro de registro sobre su libertad condicional.

El 29 de este mes de agosto, al cumplirse los tres meses de haber sido arrestados los acusados en el caso Odebrecht, debe conocerse la revisión de las medidas de coerción -según obliga el código penal- lo cual sería la oportunidad perfecta para enmendar la injusticia de que hoy son víctimas Rondón y Díaz Rúa.

Su libertad, al igual que la situación de los otros encartados y con medidas de coerción, no los evade del proceso en su contra, pero no los sentencia de manera adelantada, injusta y hasta perversa. El proceso judicial sobre el caso Odebrecht continúa y los jueces deberán emitir su decisión, para todos, sin privilegios, pero también sin prejuicios.