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A principios de este mes, el presidente Trump y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) anunciaron que ya no reembolsarían a la Ciudad de Nueva York y otras jurisdicciones por esfuerzos preventivos para combatir el COVID-19, como desinfectar las escuelas y garantizar la limpieza del transporte público. Estos esfuerzos, aunque costosos, son fundamentales para proteger la salud de los neoyorquinos durante esta pandemia, que ya se ha cobrado más de 200,000 vidas.
No nos equivoquemos, la ciudad de Nueva York todavía está en riesgo y la Administración Trump está jugando a la política con la salud y la seguridad de los estudiantes, maestros, trabajadores esenciales y familias de Nueva York. Podría costarnos mil millones de dólares adicionales, sin mencionar la pérdida de vidas. Ahora, con la estúpida decisión del presidente Trump y el fiscal general Barr ayer de clasificar nuestra ciudad como una ‘jurisdicción anarquista’, miles de millones más en fondos federales penden de un hilo cuando ya estamos enfrentando una crisis fiscal por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 y la respuesta fallida de la Administración Trump para contenerla.
Como único representante de la ciudad de Nueva York en el Comité de Infraestructura y Transporte de la Cámara de Representantes, que supervisa a FEMA, le he pedido al presidente, Peter DeFazio, que emplee todos los instrumentos a disposición del Comité para investigar la génesis, las posibles motivaciones políticas y deliberaciones internas que llevaron a la Administración Trump a este asalto contra la ciudad de Nueva York, incluyendo una audiencia pública con funcionarios de FEMA. A la luz de la amenaza que representa la seguridad de los residentes de la ciudad de Nueva York, confío en que el Comité utilizará sus poderes de supervisión para garantizar que FEMA no se utilice como una herramienta política del presidente o de su Administración.
