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Por Julio Disla
Por décadas, la comunidad dominicana en Estados Unidos ha sido un pilar fundamental tanto para la economía estadounidense como para la dominicana. A través de su arduo trabajo en sectores esenciales como la construcción, la hospitalidad y los servicios de salud, han contribuido significativamente al desarrollo de la nación que los acoge.
Además, con las remesas que envían a sus familias, han sostenido una parte importante de la economía de la República Dominicana. Sin embargo, a pesar del invaluable aporte, hoy enfrentan una creciente angustia ante las políticas antiinmigrantes del nuevo gobierno estadounidense y la falta de respaldo por parte de las autoridades dominicanas.
Miedo, humillación y desprotección
Las recientes medidas de endurecimiento migratorio han puesto a muchos dominicanos en una posición de vulnerabilidad. Las redadas, el aumento de las deportaciones y las restricciones en los procesos de regularización generan incertidumbre y temor entre quienes residen en la nación norteamericana, especialmente aquellos que aún no han conseguido su estatus legal.
La amenaza de separación familiar y la posibilidad de perder años de esfuerzo y sacrificio han sumido a muchos en un estado de ansiedad constante.
Más allá de las políticas gubernamentales, la hostilidad hacia los inmigrantes ha crecido en la sociedad estadounidense, promoviendo actitudes discriminatorias y episodios de humillación para aquellos que, a pesar de ser parte activa del tejido social y económico, son tratados como una carga o una amenaza.
Esto no solo afecta a los indocumentados, sino también a aquellos con estatus legal que, en un ambiente de creciente xenofobia, pueden ser blanco de racismo y exclusión.
Un gobierno ausente ante la crisis
Frente a esta crisis, el gobierno dominicano ha mostrado una preocupante indiferencia. Mientras otros países han brindado apoyo legal y político a sus diásporas, la comunidad dominicana en EE.UU. ha quedado prácticamente desamparadas. No existen programas de asistencia jurídica efectivas para ayudar a quienes enfrentan procesos de deportación, ni iniciativas diplomáticas contundentes para exigir un trato justo a sus ciudadanos en el extranjero.
Esta inacción contrasta con el peso que la comunidad dominicana tiene en la economía nacional. Las remesas enviadas por los dominicanos en los Estados Unidos representan una de las principales fuentes de ingresos del país, contribuyendo a la estabilidad de miles de familias y al crecimiento económico. A pesar de esto, el gobierno no ha diseñado estrategias concretas para proteger a quienes sostienen una parte importante de la nación desde el extranjero.
La urgencia de una respuesta gubernamental
Es imperativo que el gobierno dominicano asuma un papel más activo en la defensa de los derechos de su comunidad en esta urbe. Se necesitan consulados que realmente actúen en favor de los dominicanos en situación de riesgo, ofreciendo asistencia legal y diplomática.
Asimismo, el país debe ejercer presión política para garantizar que sus ciudadanos no sean tratados de manera injusta o discriminatoria. La diáspora dominicana ha demostrado su lealtad y compromiso con la nación.
Ahora es el turno del gobierno de demostrar que no están solos. Protegerlos no solo es un deber moral, sino también una acción estratégica para garantizar la estabilidad de un país que sigue dependiendo en gran medida del esfuerzo y sacrificio de sus ciudadanos en el extranjero.
