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SANTO DOMINGO.- El presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Leonardo Faña, presentó pruebas que, según dijo, respaldan su denuncia contra el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a quien acusa de haberse feneficiado de la subasta de ajo que realizó la Bolsa Agroempresarial de la República Dominicana (BARD) en mayo de 2016.
Reiteró que la empresa Tenedora de Inversiones Pasa, propiedad de Peralta, compró uno de los permisos de importación por 308,000 libras de ajo a RD$35.00/libra, «pero el consumidor tuvo que pagarlo a más de 200.00 pesos la libra».
Faña habló este lunes en rueda de prensa en el local del PRM, en la que entregó a los periodistas documentos que avalan dicha denuncia, entre ellos la supuesta autorización y recibo de ingreso de la BARD, donde consta la asignación y pago por la compra del permiso.
Asimismo, un documento de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, donde certifica que José Ramón Peralta Fernández, Patria Altagracia Abreu de Peralta y José Ramón Peralta Abreu son los accionistas de la empresa Tenedora de Inversiones Pasa, SRL.
Denunció que «los productores de ajo de Constanza han sufrido embates y agresiones con las indebidas acciones del ministro presidencial procurando su definitiva liquidación».
Recordó que antes los productores sembraban 14,000 tareas de ajo, con un rendimiento de 22 quintales por tarea. «Pero hoy en día sólo se logró sembrar 1,500 tareas y la productividad bajó a 12 quintales por tarea, lo que indica que la producción de ajo que antes era más de 300 mil quintales, ahora apenas se llegó a 18 mil quintales».
«Los agricultores del Valle de Constanza lograron producir 18 mil quintales contra viento y marea, ya que las autoridades agropecuarias oficiales obstaculizaron hasta las diligencias para adquirir la semilla desde China. Por igual, hubo escaso financiamiento, falta de asistencia técnica y al momento de comercializar la cosecha les exigieron deshidratar el ajo para comprarlo», afirmó.
Dijo que «estas acciones son una muestra de las intenciones de los funcionarios del Gobierno, empeñados en destruir la producción nacional, para así sacar jugosos beneficios haciendo escandalosas importaciones, en detrimento de los productores, consumidores, comerciantes y de la seguridad alimentaria del pueblo dominicano».
