La impunidad no se negocia

En toda sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática, la justicia debe estar por encima de cualquier pacto político o conveniencia coyuntural.

Sin embargo, en nuestro país hemos visto repetirse un patrón preocupante: cada vez que se destapan escándalos de corrupción, delitos económicos, o violaciones graves a los derechos ciudadanos, surgen voces que llaman a la “negociación” en nombre de un supuesto ¨criterio de oportunidad¨ o ¨colaboración eficaz¨

En verdad, debe llamarnos a preocupación este vendaval de impunidades disfrazadas de ¨negociaciones¨ que viene llevando a cabo desde hace unos años el Ministerio Público en República Dominicana.

Aceptar la impunidad como moneda de cambio es, en el fondo, una claudicación moral. Significa decirle a la ciudadanía que el sacrificio honesto no tiene recompensa y que la corrupción administrativa puede ser rentable.

No se puede combatir la corrupción pactando con los corruptos. Más bien, lo que se envía al pueblo es un mensaje de impunidad: que robar no tiene consecuencias, que al final todo se resuelve con negociaciones y favores.

Sanciones

La corrupción no se negocia, se sanciona. La corrupción no se premia con acuerdos, se castiga con cárcel y con la devolución de lo robado al pueblo dominicano.

Hoy le decimos al pueblo dominicano: no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se negocia con quienes saquearon el Estado. La lucha contra la corrupción debe ser frontal, sin excepciones y sin privilegios.

Con la institucionalización de esos ¨acuerdos¨, se envía una señal terrible: roben, pero sean lo suficientemente poderosos como para negociar; admitan el delito, pero sólo paguen parte del botín, sin castigo real. Esto corroe la fe ciudadana en el Estado de derecho.

La impunidad no puede ser negociada. Recuperar miles de millones no debería sustituir la aplicación de sanciones penales, ni suprimir el juicio público y transparente que confronte la corrupción.

Se devuelve una parte de lo apropiado, pero se queda con la mayor parte, sin enfrentar las consecuencias que cualquier ciudadano común sufriría por delitos de menor magnitud.

La sociedad debe reclamar que este tipo de acuerdos no se conviertan en la regla. La democracia dominicana se debilita cuando se sustituyen condenas por convenios, cuando la verdad se oculta tras pactos administrativos y cuando se sacrifica la transparencia por negociaciones.

El pueblo dominicano merece ver que quienes violan la ley paguen las consecuencias de manera real y proporcional al daño causado. De lo contrario, se perpetúa el círculo de desconfianza, cinismo y desmoralización que tanto lacera nuestra vida pública.

jpm-am