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El proceso de elección por encuestas no es más que la fórmula que encontró la oligarquía para, mediante fraude y artimañas, «enganchar» en el mercado político a familiares, amigos o allegados sin la pela que cogen los hijos de machepa cuando compiten por un puesto electivo.
Mientras estos últimos dejan el pellejo en las calles para que los tomen en cuenta, los denominados «popis» saben que tienen sus candidaturas aseguradas y se mantienen bajo aire acondicionado, sin necesidad de saltar charcos, ensuciarse ni inhalar los desagradables olores que a veces emana nuestra gente pueblerina.
Se trata de un método antidemocrático por demás, que se presta para cualquier cosa y que arrebata oportunidades a verdaderos luchadores, activistas sociales y líderes comunitarios para facilitarle el camino a rechazados, altaneros e inútiles tutumpotes cuyo único mérito es tener dinero o ser familia de algún funcionario. Los ejemplos están a la vista de todos.
Es por eso que hoy tenemos a riferos, narcotraficantes y otras «alimañas» disfrazados de legisladores y funcionarios, que hicieron cualquier cosa para llegar hasta allí y que harán lo mismo para que sus puestos sean heredados por familiares y cachanchanes.
Ese método ha sido uno de los más graves desaciertos de la Ley de Partidos, ya que claramente afecta la democracia interna de las organizaciones políticas. Y lo peor es que ha sido adoptado e impuesto en todos los partidos.
La inclusión de las encuestas como modalidad de elección de candidatos atenta contra el libre ejercicio del sufragio y el funcionamiento democrático con que deben operar los partidos. Por eso han surgido tantas impugnaciones.
Y es que no hay manera de saber si los numeritos que ofrecen las denominadas comisiones electorales de los respectivos partidos son reales o son resultado de oscuras negociaciones entre las altas dirigencias de esas entidades para repartirse las candidaturas y/o cargos.
Además de antidemocrática, es una modalidad injusta, poco transparente y que se presta para lo peor, en detrimento siempre de los que menos tienen, por lo que urgimos a nuestros políticos a relegar ese mecanismo y retomar el libre sufragio.
Si eso no ocurre, seguiremos viendo casos como el de Graymer Méndez, en la circunscripción uno del Distrito Nacional; Daneris Santana, en la circunscripción 2 de la provincia Santo Domingo, y Gregorio Morrobel, en la circunscripción electoral uno del exterior. Los tres con un amplio, limpio y comprobado trabajo comunitario y político; sin embargo, fueron «fraudulentamente» desplazados de la candidatura a diputado por neófitos e improvisados dirigentes de la FP. Igual ocurrió en el PRM y el PLD.
Consideramos también inapropiado las reservas de candidaturas, ya que lo que es para unos debe ser para todos.
Entendemos que cualquiera que sea el puesto para el que se postulen, todos los aspirantes merecen la misma oportunidad y deben hacer los mismos sacrificios.
jt/am
