La actual JCE es ilegal e inconstitucional

Por JUAN FRANCISCO MOJICA

Con la actual composición política de la Junta Central Electoral (JCE) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) de la RD no será posible realizar un proceso electoral justo, transparente e igualitario que satisfaga las expectativas electorales y democráticas de la población.

Tanto la JCE como el TSE representan dos comités de base de partido de gobierno y de sus aliados el PRD y el PRSC, por lo que en el difícil y complejo proceso electoral del 2016 serán jueces y partes.

Por eso, la dejadez del Congreso de no actualizar la ley electoral 275-97 en materia contenciosa electoral conforme a la carta magna ni aprobar la ley de partidos, porque además de alejar la posibilidad de institucionalizar las elecciones brinda un escenario favorable para la compra y el reparto.

Quien podrá controlar al gobierno en la mala práctica de imponer la reelección presidencial con el uso y abuso de los recursos del Estado si tienen a su lado la JCE, el TSE, el Congreso  y la Justicia.

Estamos retrocediendo los avances que hemos logrado con la eliminación del fraude vulgar y la reducción del grado de manipulación. Para nadie es un secreto que la JCE se está manejando  no solo con prepotencia y arrogancia sino también como propiedad privada.

Su presidente, Roberto Rosario, hace lo que le da la gana en la JCE. Siendo el presidente de la cámara administrativa de la JCE recibió a través de su oficina de abogados 9.7 millones de pesos de la Lotería Nacional  en el año 2010 en una actitud anti ética e incompatible con sus funciones.

Igualmente,  la cámara de cuentas en el 2012 acusó a la JCE de Roberto Rosario de violación a las normas legales de contabilidad y adjudicación de obras de grado a grado sin concurso público establecido por ley.

Roberto Rosario cerró las oficialías civiles del exterior simplemente para presionar al gobierno en la asignación de un aumento de su presupuesto para el 2014 sin pensar en los daños y las dificultades que esta decisión acarreó a los criollos y  al próximo certamen electoral del 2016.

Además, la JCE aumentó los impuestos de los servicios de actas de nacimientos y cédulas que ofrece a los contribuyentes, tras la mirada indiferente del gobierno y la complicidad del tribunal constitucional quien ha decidido archivar una decisión de impugnación hecha por la fundación justicia y transparencia más allá de los plazos constitucionales.

Como si esto fuera poco, desde el 1997 a la fecha la JCE ha estado despojando de sus documentos electorales a miles de dominicanos de espalda a la justicia y a la ley 169-14 lo que si no es corregido por el gobierno puede prestarse para crear un fraude y un caos en el 2016.

Una nueva auditoría de la cámara de cuentas determinó que esa institución ha detectado serias irregularidades en la mala administración de cientos de millones de pesos departe de la JCE.

De igual manera, aprueba una nueva cédula técnicamente peor que la anterior, manipulando el concurso público y entregando la confesión  a empresas de su preferencia en un proceso altamente cuestionado.

Aunque, la ley 340-06 en su artículo 2 obliga a las instituciones descentralizadas a someterse a esta ley, la JCE no permite que la oficina de compras y contrataciones públicas supervise a esta institución.

Todo parece indicar que  Roberto Rosario fue puesto en el cargo de presidente de la JCE por un Senado completamente peledeista para garantizar los intereses políticos del gobierno y del PLD.

Lo lamentable es la no reacción de los sectores políticos y de la sociedad  para rechazar con marchas y movilizaciones de calle tanto a la JCE como el TSE y exigir la sustitución de estos funcionarios y jueces.

La actual JCE fue escogida por 4 años en el 2010 hasta el 2014. Administraron las elecciones congresuales y municipales del 2010 y las elecciones presidenciales del 2012. De ahí, que esta junta hoy tiene más de 5 años en contraposición a la Constitución y a la ley.