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Santo Domingo, 17 feb (EFE).- La Junta Central Electoral (JCE) dispuso hoy suspender el manejo por parte de los legisladores de los fondos conocidos popularmente como «barrilito» y «cofrecito», hasta la finalización, en junio próximo, de la campaña electoral.
La decisión fue aprobada por el pleno de la JCE a instancias de su presidente, Roberto Rosario Márquez, según informó el organismo en rueda de prensa.
La JCE solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, dar seguimiento a esta decisión, y que al finalizar el período electoral, elabore un informe sobre el particular.
El «barrilito» es el fondo millonario que administra a discreción cada diputado, mientras que el «cofrecito» lo manejan los senadores.
En cuanto a la denuncia hecha llegar al organismo, del supuesto gasto excesivo en publicad gubernamental, la Junta determinó que esta se contrae a hechos y situaciones ocurridos en el mes de enero del año en curso, con anterioridad a la proclama dictada el 2 de febrero, cuando se dejó abierta oficialmente la campaña electoral.
En ese sentido, consideró que la denuncia es competencia de la Contraloría General de la República o de la Cámara de Cuentas.
Por otra parte, y con relación a solicitudes formuladas por los partidos Fuerza Nacional Progresista (FNP) y Alianza País, para que el organismo intervenga ante el supuesto uso de los recursos del Estado en campaña por parte del Gobierno y el uso equitativo de los medios de comunicación, la JCE consideró extemporáneo cualquier medida sobre ese tema porque aún no se han inscrito los candidatos a cargos electivos.
La entidad responsable de organizar las elecciones anunció, además, que se valdrá de los medios de que dispone, para el monitoreo de la publicidad electoral durante el período de campaña, a fin de examinar, en cada caso, y verificar si en el mismo se está actuando de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia.
En ese orden, procederá a analizar en términos cuantitativo, cualitativo y legal, además de monitorear el costo de la publicidad y propaganda por los medios electrónicos y prensa escrita.
«Para estos fines, la JCE podrá contratar los servicios de las empresas del sector privado que determine y consultará las instancias públicas correspondientes, para constatar mediante facturas, la veracidad de la información recibida», puntualizó el organismo.
La JCE prohibió que en las cuentas de los órganos del Estado, sean éstas de los tres poderes clásicos, o de cualquier otro organismo estatal; tales como páginas web, cuenta de Twitter, Facebook, o cualquier otra de las herramientas de trabajo en las redes sociales, de uso oficial de las instituciones públicas, sus administradores deben abstenerse de utilizar estas plataformas para difundir mensajes o imágenes que se identifiquen con un candidato, partido u organización política, sea de manera abierta o subliminal, directa o indirecta.EFE
