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SANTO DOMINGO (EFE).- La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, afirmó que el pacto eléctrico, que ya está en manos del presidente Danilo Medina para su firma, implicará costo político para el Gobierno debido a que algunas instituciones del sector será eliminadas y otras cambiaran totalmente su rol, como es el caso, explicó, de la Cdeee.
Entre las instituciones que desaparecerán se encuentran la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y la Comisión Nacional de Políticas Energéticas, explicó Almánzar en una entrevista al programa D’ Agenda, que se transmite los domingos por Telesistema.
La funciones de la UERS pasarán a las empresas de distribución eléctrica, señaló, según un comunicado del citado programa.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee cambiará totalmente su rol, y cuando entre en vigencia el pacto perderá varias funciones de las que tiene en la actualidad, dijo.
Respecto a la Comisión Nacional de Energía, explicó que todo el trabajo que realiza en la actualidad es competencia del Ministerio de Energía y Minas, por lo que esa institución ya no tiene razón de ser, según afirmó.
La Cdeee «se debe convertir en un holding que maneje las empresas distribuidoras, que se maneje como empresa, no como una estructura de diseño de lineamiento de políticas, rectoría, porque para eso tenemos el Ministerio de Energía», indicó Almánzar.
Señaló que son cambios estructurales que tienen que darse porque, según apuntó, en el sector eléctrico sucede lo que ocurría en el transporte, con varias instituciones con duplicidad de funciones.
La vicepresidenta de la AIRD confió en que lo que se acordó en el pacto eléctrico dará buenos resultados para ir resolviendo los graves problemas que afectan al sector, siempre y cuando haya voluntad política para ponerlo en práctica.
Almánzar también se refirió a la desaceleración del Producto Interno Bruto (PIB) local, que atribuyó a cambios que se han producido en la economía en el presente año y que han generado incertidumbres en los agentes económicos.
«Hemos tenido una serie de cambios este año en la economía que han generado incertidumbres, uno de ellos es el haber tenido que nuestra legislación de lavado de activos y antiterrorismo se adapte hacia la recomendación y las regulaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional», explicó.
