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PUERTO PRINCIPE.- La Iglesia católica de Haití anunció hoy un paro de tres días en todas sus instituciones religiosas, excepto hospitales y centros de salud, en protesta contra la inseguridad.
Nueve días después del secuestro de cinco sacerdotes, dos monjas y tres familiares, de los cuales solo uno fue liberado, la entidad eclesiástica confirmó que desde mañana miércoles hasta el viernes las escuelas católicas, presbiterianas, congreganistas y universidades cerrarán sus puertas, así como otros establecimientos.
Los religiosos fueron secuestrados el domingo pasado en Croix des Bouquets, suburbio situado a unos 10 kilómetros de la capital, mientras se dirigían a la iglesia de la Inmaculada de Galette Chambon, en la localidad de Ganthier, para la instalación de otro sacerdote.
Entre los plagiados figuran dos de nacionalidad francesa, lo que llevó al país galo a activar su unidad de crisis e iniciar una investigación.
Testigos atribuyeron los sucesos a la banda armada 400 Mawozo que opera en la zona, y exige una suma exorbitante para su liberación.
La Iglesia católica ya promovió un paro la semana pasada, a la que se unió el sector privado, escuelas independientes y otras instituciones.
‘Está claro que a pesar de los repetidos llamamientos para el restablecimiento del estado de derecho y la protección de la vida humana, las autoridades parecen incapaces de garantizar estos derechos fundamentales a la seguridad y la vida’, manifestó el gremio privado.
Por su parte, la Conferencia Haitiana de Religiosos acusó a las autoridades y recalcó que la situación es insostenible.
La inseguridad se recrudeció en Haití en los últimos meses, mientras el Gobierno promete tomar medidas para frenar el flagelo, sin éxito hasta el momento.
Una operación policial en Village de Dieu, hogar de bandas armadas, costó la vida de cinco oficiales, cuyos cuerpos aún están en manos de las pandillas.
Para organizaciones sociales y partidos de la oposición, el ejecutivo instrumenta a estas bandas para amedrentar a la población, continuar en el poder y silenciar expedientes judiciales relacionados con malversación de fondos estatales.
wj/am
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