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La historia económica suele ser implacable con las decisiones tomadas fuera de contexto o en el momento equivocado. El caso de Gordon Brown, cuando decidió vender una parte significativa de las reservas de oro del Reino Unido a finales del siglo XX, es hoy citado como un error estratégico.
Años después, el precio del oro se disparó y aquella decisión quedó marcada como una lección sobre el costo de no prever los ciclos económicos.
En contraste, el pequeño El Salvador del siglo XXI intenta redefinir su modelo económico y su manejo de recursos estratégicos. Más allá de simpatías políticas, lo interesante es el mensaje de fondo: revisar acuerdos, analizar riesgos y actuar con cautela cuando se trata de activos que pertenecen a toda la nación.
Comparar potencias históricas con economías emergentes puede parecer desproporcionado. Sin embargo, lo que realmente importa no es el tamaño del país, sino la claridad con la que defiende sus intereses.
En nuestro caso, el Congreso Nacional ha demostrado a lo largo del tiempo que posee amplias facultades: modificar leyes, aprobar acuerdos internacionales, crear nuevas demarcaciones, ajustar presupuestos millonarios e incluso reformar la Constitución.
Si existe la capacidad política y legal para realizar transformaciones profundas, también debería existir la voluntad de impulsar un gran acuerdo nacional en torno a nuestros recursos naturales.
Hoy más que nunca, resulta pertinente revisar de manera integral los contratos de explotación minera, especialmente aquellos vinculados al oro. No se trata de rechazar la inversión extranjera ni de frenar el desarrollo, sino de garantizar condiciones equilibradas y transparentes, donde el Estado —y por tanto la ciudadanía— reciba una participación justa por recursos que son patrimonio colectivo.
Las decisiones económicas no son neutras ni temporales; sus efectos se extienden por generaciones. La historia enseña que vender barato o negociar sin previsión puede convertirse en un error que el tiempo amplifica.
El momento actual ofrece una oportunidad poco común: una mayoría legislativa capaz de promover reformas estructurales. La pregunta no es si se puede, sino si se quiere.
Defender estratégicamente nuestros recursos no debería ser una consigna política, sino una política de Estado. Porque cuando las decisiones se toman con visión de largo plazo, el beneficio no es de un partido: es del país.
