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WASHINGTON 17 Dic.- Un tribunal federal de apelaciones ha autorizado este miércoles el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC, una medida justificada por la Administración de Donald Trump para combatir una criminalidad en la capital que, según las autoridades locales, no ha alcanzado niveles alarmantes.
El panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de DC ha acordado suspender de forma indefinida una orden emitida por un tribunal inferior que obligaba a la Administración Trump a retirar a los militares de las calles de la ciudad tras alegar que la medida era ilegal.
Según ha argumentado la jueza Patricia Millett, la salida de efectivos de DC provocaría un «profundo nivel de perturbación en las vidas de miles de miembros del servicio que ya han estado desplegados durante cuatro meses».
Asimismo, ha detallado que «dado que el distrito de Columbia es un distrito federal creado por el Congreso, en lugar de una entidad constitucionalmente soberana como los 50 estados», el presidente «posee un poder único para movilizar» a la Guardia Nacional.
No obstante, el panel de jueces ha planteado serias dudas sobre el despliegue en otros estados. «Desplegar una Guardia Nacional de otro estado en un estado que no da su consentimiento para llevar a cabo tareas de aplicación de la ley sería constitucionalmente problemático para nuestro sistema federal de gobierno», ha alegado.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, ha señalado en redes sociales que el fallo supone «otra importante victoria judicial» para la Administración Trump y ha indicado que «seguirán luchando para defender la agenda» del magnate republicano.
«Nuestro aumento de tropas federales en DC ha salvado innumerables vidas, eliminado cientos de armas ilegales de las calles y provocado una caída drástica de la delincuencia en la capital de nuestra nación», ha agregado Bondi.
La jueza federal de distrito Jia Cobb, designada por el expresidente Joe Biden, dictaminó en noviembre que la Administración Trump desplegó ilegalmente a la Guardia Nacional en DC, aludiendo a que el uso de estos efectivos para «misiones no militares de disuasión del crimen» excedía la autoridad federal.
Está previsto que el Tribunal Supremo se pronuncie en algún momento sobre el despliegue en el estado de Chicago. Hay distintos frentes abiertos en la Justicia estadounidense sobre esta medida, que se encuentra en el punto de mira tras un tiroteo contra dos militares el pasado mes que se saldó con una agente muerta.
of-am
