Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- Un grupo de abogados en función de fiscalizadores del Ministerio Público llevará a la Procuraduría General de la República (PGR) ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) por una resolución del Consejo Superior del Ministerio Público que los inhabilita y/o degrada con base en «falsos rumores».
Carlos Mesa, representante de los afectados, advirtió en rueda de prensa que «esa decisión puede poner en peligro la seguridad jurídica de la nación, ya que si esa medida prospera, miles de casos serían llevados a los tribunales nuevamente, incluyendo demandas contra el Estado». «También ocasionaría que otros miles de ciudadanos fueran liberados de los centros penitenciarios», declaró.
«Han desatado una cacería de brujas, y están degradando a estos servidores que no han hecho otra cosa que entregarse en cuerpo y alma al Ministerio Público y a la sociedad», dijo Mesa.
Llamó a los fiscales titulares del país a que se abstengan de seguir degradando a esos abogados en función de fiscalizadores.
«Hasta hoy, habíamos permanecido en silencio total, asumiendo una actitud de conciliación en un rol de preservar la institucionalidad del Ministerio Público ‘independiente’, como han sido los deseos del presidente Luis Abinader, pero en esta ocasión queremos hacerle un llamado de auxilio para que intervenga y no permita que la Procuraduría General de la República no vulnere y maltrate a sus propios miembros, pues con esta acción pierde credibilidad ante la sociedad, al no respetar la Constitución, las leyes y los reglamentos que rigen a este órgano, en detrimento de sus propios servidores públicos», expresó.
