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SANTO DOMINGO.- Organizaciones dominicanas que defienden los derechos de las mujeres criticaron este jueves la decisión de los senadores de mantener la penalización del aborto en todas las circunstancias.
El Senado, controlado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aprobó la noche del miércoles de urgencia las modificaciones al Código Penal, que entre otras novedades castiga el feminicidio con 40 años de prisión, establece la acumulación de la pena hasta 60 años de reclusión y eleva la pena máxima de 30 a 40 años de cárcel.
La pieza dispone penas de hasta tres años a quienes incurran en el aborto, para quienes lo causen, incluyendo al médico, enfermera, partera, cirujano, farmacéutico u otro profesional.
La directora de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, lamentó que «solo a las mujeres se nos impide actuar en defensa propia frente a un hecho que pone en peligro nuestra vida» y aseguró que esto es «discriminación».
A través de su cuenta de Twitter, Galván advirtió que «no nos detendrán» y que volveremos a protestar en las calles para reclamar que el presidente Danilo Medina vete la pieza.
En 2014, el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal, en el que se incluyeron como excepciones a la penalización del aborto tres supuestos: malformación fetal, salud y violación, después de unas observaciones del presidente Medina para que se contemplaran esas circunstancias.
Posteriormente, el código fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras acoger tres recursos presentados por organizaciones opuestas al aborto.
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayores índices de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100,000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
El nuevo Código Penal «es una legislación inhumana que infundirá el temor a la cárcel en los médicos y limitará su ejercicio profesional», aseguró Galván, y advirtió que esta pieza legislativa «no va a reducir la ocurrencia de abortos, lo que hará es provocar más muertes de mujeres pobres.
Por su lado, la directora de la ONG Profamilia, Magaly Caram, expresó su «profunda tristeza» y «vergüenza» por la decisión adoptada por los senadores, y apeló a la «sensibilidad» de Medina para que vete la ley.
A la vez, señaló que se trató de un «chantaje de la Iglesia católica».
«Respeto y respaldo la vida, sin embargo, jamás voto por un código que castigue a una mujer víctima de violación, incesto o que peligre su vida», dijo en Twitter el senador Julio César Valentín, quien votó en contra de la iniciativa.
wj/am
