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SANTO DOMINGO.- La Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) condena la injusta y arbitraria detención de Milagro Sala, dirigente social y diputada del PARLASUR, por entender que su detención crea un estado de incertidumbre sobre el legítimo derecho a la manifestación pacífica.
El presidente de Copppal, Manolo Pichardo, dijo mediante un comunicado de prensa, que esta acción represiva parece dibujar un panorama de violación de derechos fundamentales, al castigar la disensión ciudadana, un logro de la democracia y el estado de derecho construidos a través de la historia de la humanidad y que en los últimos años se afianzaba en nuestra región gracias a gobiernos que han puesto a la gente como centro de las políticas públicas.
“Este hecho, que preocupa sobre manera a nuestra organización, tiene claros visos de criminalizar la protesta como antesala para poner en ejecución un plan continental que procura desmotar los logros que en materia de inclusión social y económica se ha alcanzado en América Latina, para dejar a nuestros pueblos sin el instrumento de la protesta como mecanismo de defensa”, dijo Manolo Pichardo.
Resaltó al igual que Francisco Cafiero, vicepresidente Sur de este organismo, que la injusta situación que padece la diputada Sala, se agrava por el hecho que desde el 12 de agosto se encuentra recluida en una anacrónica “celda de castigo”, incomunicada con familiares y abogados y privada de varios de sus derechos, entre ellos, el derecho a defenderse, como advertencia para los que cometan el “atrevimiento” de reclamar derechos por la vía pacífica.
Indicaron que esta detención se enmarca, según organizaciones políticas y sociales “en una serie de acciones y amenazas impulsadas desde el gobierno provincial, que cuentan con la complicidad y subordinación del Poder Judicial, lo que para la COPPPAL, como organización de partidos progresistas, es inaceptable en el marco de un auténtico estado de derecho”.
Por todo lo expuesto, la COPPPAL exige la inmediata liberación de Milagro Sala y el cese de la criminalización y represión de la protesta social en la Argentina y cualquier otro lugar de nuestra región donde se pretendan desconocer el derecho a la protesta pacífica.
