Colegio de Abogados presenta recurso en el TC contra ley de Lavado de Activo

El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, dijo que identificar a los abogados como sujetos obligados pasibles de sanciones penales, civiles u administrativas por hechos derivados de sus clientes violenta el principio de la personalidad de la persecución penal contenido en el artículo 40 la Constitución que dispone que «Nadie es penalmente responsable por el hecho de otro».

Asimismo, afirmó, viola el artículo 17 del Código Procesal Penal que plantea que «Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personas ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal».

Al depositar el recurso, el abogado dijo a periodistas que al analizar este principio «recordamos las antiguas prácticas de la policía o viejos métodos de investigación que consistían en detener la madre, padre o familiar del sospechoso perseguido, investigado o buscado por la justicia para obtener colaboración del imputado».

Advirtió que la Ley 155-17 de Lavado de Activos establece consecuencias penales, civiles y administrativas contra los abogados que no colaboren y cumplan con las obligaciones de los sujetos obligados de informar en perjuicio de sus clientes, lo que, a su juicio, «constituye un chantaje, secuestro, amenaza, coacción y presión psicológica en contra de los profesionales del Derecho».

«Resulta inaceptable e inconstitucional que a un abogado se le persiga por ejercer su deber de confidencialidad, por guardar el secreto profesional, en síntesis el abogado ira preso por callar, por ejercer el sagrado derecho al silencio del profesional o quinta enmienda en la Constitución de los Estados Unidos», expresó.