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SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de República Dominicana denunció «graves irregularidades» en la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, reveló que la Defensa Pública defiende a personas adineradas en perjuicio del ejercicio privado de la abogacía y quitándole la posibilidad a personas de escasos recursos de acceder a ese servicio.
«Con estas acciones, violan los artículos 8, 61.2 y 62 de la Constitución y los artículos 43, 44, 45 y 46 de la Ley 277-04, que consagra que la Defensa Publica se realiza a favor de los más necesitados», explicó.
Denunció que la Defensa Pública ha llegado al extremo de ir a los destacamentos y cárceles a buscar clientes en franca violación de la Ley de Defensa y en perjuicio del derecho fundamental al trabajo de los 60 mil abogados afiliados al CARD.
Agregó que «el sector judicial ha establecido un sistema de privilegios a favor de la Defensa Publica, otorgándoles acceso donde los abogados privados son rechazados, provocando que el 80% de los casos sean manejados por defensores públicos en perjuicio de nuestros miembros, priorizando a los clientes más adinerados».
Otras irregularidades reveladas por el gremio es la imposición de una toga especial color verde, en violación al artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial para que jueces y fiscales los favorezcan en sus sentencias.
Recomendó la elaboración de un reglamento que establezca en cuáles casos se deben asignar la Defensa Pública, realizarse de forma aleatoria, tarifa, tramitación de pagos, fiscalización y supervisión de las labores de dichos abogados adjuntos.
Pidió que cese el privilegio en favor de los defensores públicos y llamó a los juristas a exigir el cumplimiento de la Ley 821 requiriendo que sea bajado de estrado todo abogado con togas distintas a las establecidas por dicha ley.
jt/am-sp
