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SANTO DOMINGO.- El Centro Bonó demandó del Estado dominicano una solución «definitiva y justa» al dilema de las personas vulnerables a la apatridia en República Dominicana.
En un documento enviado a ALMOMENTO.NET, afirmó que la falta de coherencia y compromisos de la Junta Central Electoral en la aplicación la Ley 169-14, mediante el cual se estableció una ruta especial para superar los riesgos de apatridia, hacen que la implementación de dicho dispositivo no tenga los resultados relevantes esperados y que todavía se mantengan vivos los «indignantes» efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional».
El texto del documento es el siguiente:
«A tres años de cumplirse la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Centro Bonó demanda que el Estado cumpla el compromiso instituido en la Ley 169-14, mediante el cual se estableció una ruta especial para superar las situaciones de desnacionalización y los riesgos de apatridia en la República Dominicana. La falta de coherencia y compromisos en la aplicación efectiva de los dispositivos previstos en dicha ley, de parte de la Junta Central Electoral, hacen que la implementación de la misma no tenga los resultados relevantes esperados y que todavía se mantengan vivos los indignantes efectos de la sentencia.
El Centro Bonó lamenta que la Junta Central Electoral no haya colaborado adecuadamente en la solución pragmática a la que el país llegó y que el Congreso hizo ley de la nación, manteniéndose en una actitud arbitraria y al margen de la legalidad en lo que atañe a la reposición inmediata de los documentos civiles del denominado grupo A y al proceso de registro de los del grupo B que les fueron remitidos por el Ministerio de Interior y Policía.
Discrecionalmente y de manera caprichosa ha continuado presentando demandas de nulidad de actas de nacimiento oportunamente registradas y posteriormente rectificadas y subsanadas por la ley 169. Además ha establecido un mecanismo de transcripción de actas a un libro ilegal, teniendo como efecto principal la segregación del Registro Civil de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana.
El Centro Bonó ve con preocupación que siga sin definirse la situación del denominado “grupo B” establecido por la misma ley 169-14.
El proceso de naturalización especial, previsto en dicha ley para este grupo, tampoco ha tenido los efectos esperados.
El registro de la identidad y documentación de estas personas requiere de la colaboración efectiva de las instituciones del Estado que tienen a su cargo la entrega de constancias de nacidos vivos y la emisión de los actos de notoriedad de los nacimientos que ocurren fuera de centros hospitalarios.
El proceso de “naturalización” previsto para este grupo depende de estas documentaciones. “Si no se brindan facilidades para la obtención de los registros de nacimiento, dichas personas vivirán en una condición de extrema vulnerabilidad y riesgo a la apatridia”.
jt/am
