Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTP DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) interpuso una denuncia en contra del superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, por su participación en la aprobación y ejecución de la compra de más 27 mil acciones de la empresa César Iglesias, S.A., con los fondos de pensiones de los trabajadores, por un monto de 3 mil 492 millones de pesos, a pesar de que dicha empresa reportó pérdidas por más de 500 millones pesos en 2022.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, denunció que los estados auditados a diciembre del 2022, realizados por la Calificadora de Riesgo FITCH, dicen que dicha empresa reportó pérdidas por 575 millones 41 mil pesos y con pronóstico negativo de mayo del presente año.
Surun Hernández indicó que se trata de un operación prohibida por la Ley 87-01, del Sistema de la Seguridad Social y sus reglamentos, por ser de alto riesgo y los involucrados pudieron haber incurrido en los crímenes de abuso de confianza agravada, asociación de malhechores, fraude bursátil y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127, 185, 400 y 405 del Código Penal, y del artículo 351 de la Ley 249-17 de Mercado de Valores de la Republica Dominicana, por lo que solicitó a la Procuraduría General de la República investigar el caso.
«Por su naturaleza, sobre todo el pésimo estado financiero de la empresa César Iglesias, esta operación coloca en grave riesgo parte importante del fondo de las pensiones de más de tres millones de trabajadores afiliados al Sistema de Capitalización Individual, por una inversión con muy pocas perspectivas de retorno, y fuertes probabilidades de pérdidas, que solo las Administradoras de Fondos de Pensiones se atrevieron a realizar con dinero ajeno, el dinero de ahorro de los trabajadores», manifestó.
Indicó que «infructuosamente» la compañía colocó en venta dicha acciones en junio y diciembre del 2020, sin que se lograra dicha venta.
«Lo grave del caso es que contrario a lo que se ha externado, las más de 27 mil acciones adquiridas irregularmente por las Administradoras de Fondos de Pensiones Reservas, Crecer y Siembra, representan menos del 25% del capital social de César Iglesias, S.A., quedando sus actuales propietarios con el 70% y con el poder de administración de dicha empresa, lo que torna aún más difícil la recepción de beneficios, no solo porque se trata de una empresa cuyos números al 2022 reflejan pérdidas astronómicas, sino que en el lejano e hipotético caso que hayan beneficios, su distribución o no, dependerán de los accionistas mayoritarios, que han sido poco proclives a entregar beneficios a accionistas minoritarios», agregó.
of-am
