Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) explicó que la litis judicial por asuntos laborales que mantiene un exempleado con la institución no es un caso de la presente administración y tampoco afecta la operatividad de la Cancillería.
Esto porque, aunque en su reclamo de pago Franklin Stalin Peralta Guzmán interpuso un embargo retentivo a una cuenta secundaria del Mirex, el presupuesto de ingresos y gastos del Mirex se maneja desde la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Según revela un comunicado de la Cancillería, en el año 2011 Peralta Guzmán fue designado como auxiliar en el Consulado General de República Dominicana en Madrid, España, pero luego fue trasladado con igual función al consulado en Mayagüez, Puerto Rico, aunque nunca llegó a asumir el cargo porque tuvo problemas para obtener el visado correspondiente.
Fue dada esta circunstancia que en el año 2015 al exfuncionario se le retiró la asignación económica que se le erogaba para el pago de alquiler de vivienda. En 2016, y luego de varios llamados de atención y amonestaciones, fue suspendido de su cargo y cesando desde entonces la entrega del salario que percibía, dinero que ahora demanda en Justicia.
Finalmente, en octubre de 2018, Franklin Stalin Peralta Guzmán fue desvinculado del servicio exterior mediante el decreto 401-18.
Frente al caso, la Cancillería sostiene que ha estado dando los pasos jurídicos correspondientes en la espera que los tribunales de la República decidan de forma irrevocable el expediente, asegurando que actuará con absoluto apego a la Constitución y las leyes.
