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ESPIRITU SANTO, Brasil.- Al menos 121 muertos ha dejado una ola de violencia que durante seis días ha afectado las calles de Vitoria, la capital regional de esta zona federal del sudeste de Brasil, luego de que agentes policiales se lanzaran a una huelga en demanda de mejores salarios y otras reivindicaciones.
Un acuerdo firmado este viernes entre el gobierno de Espírito Santo y asociaciones representantes de la Policía Militar abrió la puerta para poner fin a la crisis de seguridad.
Tras seis días de un auténtico caos en las calles de Vitoria, la capital regional, y otras ciudades del estado, las partes alcanzaron un pacto recogido en ocho puntos que debe terminar con la huelga iniciada por los agentes en protesta por las malas condiciones laborales y la falta de inversión en seguridad.
En el acuerdo está previsto que la huelga terminara «a las 07.00 hora local» (09.00 GMT) de este sábado, en la que «volverán a las actividades», afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, en una rueda de prensa.
No impondrían sanciones
Pompeu aseguró que los agentes que secundaron el paro «no sufrirán sanciones disciplinarias».
No obstante, el secretario dejó en el aire la retirada total de los cargos presentados por el Gobierno contra unos 700 policías por delito de «revuelta», cuya pena puede llegar a los 20 años de prisión.
«Aquellos que fueron presentados, ya están presentados y esas investigaciones van a seguir su curso normal», apuntó Pompeu, con un tono más afable que anteriores comparecencias realizadas por miembros del mismo gabinete, quienes prefirieron optar por la vía de la mano dura.
Presidente interino condena paralización
Esa dureza en el discurso fue manifiesta también en las palabras del presidente interino Michel Temer, quien se pronunció por primera vez de la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.
El mandatario expresó en una nota oficial su «condena» a la «paralización ilegal» de la Policía Militar y afirmó que el gobierno actuará con todo el «rigor» para contenerlas, pues se trata de «comportamientos inaceptables».
Además, instó a los agentes a que «vuelvan al trabajo, como ha determinado la justicia», y que negocien sus salarios «dentro del más absoluto respeto a la ley».
Hubo ausencia de patrullas en las calles
Desde el comienzo de la huelga, la ausencia de las patrullas en las calles ha provocado una ola de violencia que se ha saldado con al menos 121 personas muertas, saqueos y un incremento de los robos, según datos del Sindicato regional de los Policías Civiles.
La crisis obligó al estado a solicitar la ayuda del Ejército y de la Fuerza Nacional, que se hicieron cargo de la seguridad regional con la llegada desde el miércoles de más de 2.000 soldados y agentes especializados, lo que redujo las acciones violentas, pero no acabó definitivamente con ellas.
«Estoy cansado de tener miedo», afirmó Pompeu, quien instó a las mujeres de los policías a levantar el bloqueo de los batallones y dejar a los agentes volver al trabajo.
Durante los últimos seis días, los familiares de los policías militares han acampado en la puertas de los cuarteles para impedir la salida de los agentes, quienes por tener estatus de soldados no pueden declararse en huelga o se enfrentan a una pena de dos años de prisión.
El descontrol en la seguridad tiene su origen en la profunda crisis económica que atraviesa Brasil y que ha dejado a algunos estados en la quiebra.
sp-am
