MADRID.- El ministro de Trabajo de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps, comparte su deseo de que las mujeres accedan a mejores empleos en el futuro inmediato y reconoce que «regularizar» los 245.000 empleos domésticos actuales del país «no se hará de la noche a la mañana».
Tras participar en el evento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos Global Deal Forum (Foro del Acuerdo Global), De Camps aseguró que el compromiso de su Gobierno es el de mejorar los derechos laborales de las mujeres así como reducir la informalidad.
«La pandemia ha pegado más duro en jóvenes y en mujeres porque una cantidad importante de mujeres han estado desarrollando la economía del cuidado», contextualiza antes de referirse a la situación de las trabajadoras domésticas.
Al respecto, alude al convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos que República Dominicana ratificó en 2015, pero al que, según dice, «no se le había puesto atención» por parte de los anteriores ejecutivos.
«El presidente (de República Dominicana) Luis Abinader se comprometió con el país a que se iba a atender y hace dos meses anunciamos los consensos que permiten la regularización del empleo doméstico, el establecimiento de un salario mínimo y la resolución que permite el registro en la Seguridad Social», explica.
Algo «nuevo» en el país que se encuentra a su vez «en un proceso de capacitación e información a los trabajadores y empleadores» para que conozcan «las ventajas» de regularizar a estas empleadas.
Según De Camps, «el 92 por ciento» de los trabajadores del sector doméstico son mujeres, una proporción «solamente superada por el comercio y los servicios».
Con la política de regularización, el Gobierno quiere «dar protección social, formalización del empleo y robustez al mercado laboral dominicano»: «tuvimos la oportunidad de lograr esos consensos en estos últimos meses y esa deuda social que existía poder atenderla de manera decidida».
«Las transformaciones sociales requieren de diálogo, pero tengo que reconocer que además de la voluntad del Gobierno hemos obtenido voluntad de los actores sociales, de resolver esta cuestión que tenía años de retrasos», señala.
En esa línea, subraya que se trata de «reconocimiento de derechos» pero «también de una transformación de algunos comportamientos sociales».
«A veces no es tan grande como algunos que le temen quisieran ver, pero sí requiere ajustes», apunta.
Por lo pronto, la propuesta del Ejecutivo es una regularización donde «Gobierno, empleador y trabajador aporten» para repartir el impacto tributario.
«No estamos planteándonos que de la noche a la mañana se vaya a regularizar a 245.000 personas que son el 5 % de la fuerza laboral en RD. Dijo además, «vamos a poder ir formalizando un universo que no solo se encontraba con empleo informal, sino que no existían los mecanismos legales para regularizarlo», insiste.
El ministro comparte que «más del 50 % de los trabajadores» del país se encuentran aún en la informalidad, una cifra «muy elevada» que conlleva «retos de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social» y «de muchísimos otros elementos».
«Estamos actuando en diferentes frentes, el caso de las domésticas es importante porque es un caso grande de trabajo informal y al mismo tiempo estamos trabajando con programas en áreas específicas como la construcción o el trabajo agrícola y viendo el tema del componente migratorio», apunta.
Según afirma, estas «son áreas fundamentales» que su ministerio ha localizado donde «los niveles de informalidad son más elevados» y «es ahí donde se debe atacar».
«Hemos ido construyendo programas de asistencia social que fomenten la formalización, facilitando mecanismos de formalización de empresas, a los emprendedores. a través de préstamos blandos y una especie de donaciones, con fondos que el Estado ha creado», señala.
Además, recuerda que también están trabajando contra el trabajo infantil, una actividad que según instituciones de la infancia como UNICEF, con datos de 2014, alcanzaba al 12,8 % población dominicana de entre 5 y 17 años.
«El riesgo del trabajo infantil nunca es un riesgo resuelto, siempre es una amenaza en cualquier parte del mundo que no debe ser descuidada», adelanta el ministro quien alude también a UNICEF para asegurar que el país «ha reducido el trabajo infantil en un 40 por ciento».
«Eso ha sido años de trabajo, diálogo social, capacitación, concienciación…», incide De Camps, quien también explica que actualmente hay «una mesa de trabajo ínterinstitucional» presidida por su ministerio y un trabajo con los municipios para evitar estas prácticas.
