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SANTIAGO.- La Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago confirmó la condena de un año de prisión emitido por un tribunal de primera instancia en contra del suspendido fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo.

Mediante la sentencia 359-2023-SSEN-00082 del 27 de junio pasado, la Corte desestimó el recurso de apelación interpuesto por el acusado contra la sentencia 369-2022-SSEN-00159 del 14 de noviembre del 2022 dictada por la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de Santiago.

En dicha sentencia se le condenó a cumplir un año de prisión por violar el artículo 355 del Código Penal Dominicano, y el artículo 396, literal C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), en perjuicio de una menor de edad a la cual embarazó, y cuyo nombre se omite por razones legales.

El proceso fue remitido a la Procuraduría Regional de la Corte de Santiago, que dirige el procurador general de Corte de Apelación, Juan Carlos Bircann, para que el Ministerio Público realizara la investigación y presentara acusación, lo cual se efectuó en el tiempo oportuno.

El procurador Bircann ponderó la decisión del tribunal de alzada que ratifica la sentencia en este caso y reiteró que el Ministerio Público, sin importar de quién se trate, seguirá actuando en consecuencia contra todas las personas que se pueda establecer, con las pruebas correspondientes, que tienen comprometida su responsabilidad penal en actos que transgredan las leyes del país.

wj/am

SANTO DOMINGO.- La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, se mostró complacida con los resultados de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a varias instituciones del Estado.

Asimismo, afirmó que las faltas encontradas por el experticio «no son graves y todas subsanables».

Destacó que “es la primera vez histórica que un gobierno en 94 años que tiene instaurada la Contraloría General dela República audita sus propias instituciones”.

Indicó que si la Contraloría hubiera funcionado en el pasado, hubies evitado las acusaciones de corrupción por el desvío de los fondos públicos.

“Aquí estamos haciendo unas cosas hermosas que el pueblo pueda ver, es más, los mismos funcionarios, que no han cometido graves faltas, todas subsanables, sepan que hay una vigilancia y además que el poder contralor del Estado funciona. Si hubiera funcionado siempre no hubiera nadie acusado de un delito y el país no hubiera sufrido el desvío de los fondos públicos a otro sitio. En este Gobierno el cumplimiento de las normas es fundamental”, subrayó Ortiz Bosch a su llegada el miércoles al Congreso Nacional.

Explicó que «los resultados de las auditorías se devuelven a la institución y las instituciones comienzan a subsanar y aplicar los correctivos de lugar. Ustedes no saben, en confianza, la heroicidad que ha sido esto”.

jt/am

SANTO DOMINGO.- La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) informó que este sábado quedarán sin energía eléctrica algunas zonas de la capital, debido a que sus brigadas estarán dando mantenimientos de normalización de estructuras en la línea 69 kV Palamara – BNV, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.

Quedarán sin servicio eléctrico Ciudad Modelo, El Dorado III, Eugenio María de Hostos, Los Mina – Guaricano, Los Casabes, Residencial Colinas del Viento, Residencial Roalva, Residencial Tierra Alta, Residencial Villa España, Ciudad Bonita.

También Jacagua, Residencial Rafelita, Colinas del Arroyo II, Duquesa, Jamaica, Residencial Yendri, El Cajuilito, Barrio Nuevo, Residencial Balcones del Norte perteneciente al municipio Santo Domingo Norte.

Igualmente, las empresas BNV, Acueducto La Isabela y Aeropuerto El Higüero.

Explicó que estas acciones son parte del compromiso de la empresa de garantizar un servicio de transporte de energía en alta tensión estable, eficiente y de calidad que dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía, acorde a los mandatos del Gobierno.

La ETED pidió disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar y apela a la comprensión de los usuarios en las zonas afectadas.

wj/am

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia destacó que el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción en el 2023 reconoce los avances de República Dominicana en el combate contra este fragelo por tercer año consecutivo.

Servio Tulio Castaños Guzmán sostuvo que el país continúa mostrando un claro avance en la labor de persecución, control y enjuiciamiento de actos que han sido denunciados como hechos delictivos en perjuicio el patrimonio público.

En un documento de prensa dijo este jueves que con dicho informe, producido por las organizaciones internacionales Americas Society y el Consejo de las Américas,  el país se ha convertido en un lugar seguro para acoger la inversión económica internacional y ha dado un espaldarazo a la confianza por la creciente fortaleza de la seguridad jurídica.

Asimismo, manifestó que la República Dominicana obtiene el reconocimiento por tercer año consecutivo. Mientras que el informe reconoce que dichos avances representan una posición aventajada del país con relación a otras sociedades que en el pasado exhibieron elevados índices en su Capacidad de lucha contra la corrupción.

Castaños Guzmán destacó retos que son imprescindibles para sostener los actuales índices que se reflejan en el informe, entre ellos la necesidad de elaboración de los reglamentos que ordena la Ley de Extinción de Dominio, como parte de su implementación.

También la urgencia de que sean introducidos los cambios profundos que amerita la Ley de Compras y contrataciones; necesidad de que el Código Penal sea reformado para recoger los nuevos tipos penales contra la corrupción y delitos conexos.

Y por último, citó la urgencia de que la normativa sobre la Cámara de Cuentas se modifique para que esa importante institución sea un verdadero instrumento de control de los órganos del Estado.

an/am

SANTO DOMINGO.- El Instituto Duartiano consideró este jueves que el pedimento formulado por el experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) William O’Neill, sobre la situación de los derechos humanos en Haití, no aplica para la República Dominicana.

El presidente del organismo, Wilson Gómez Ramírez, dijo que las deportaciones de indocumentados e ilegales haitianos se inscriben en una actuación «in extremis» de legítima defensa de su existencia como nación soberana.

«Nadie puede pedirle a nuestro país que sacrifique su propia seguridad para favorecer a la de otro, a sabiendas de que lo que garantiza la misma no depende de nosotros sino de la reacción vigorosa y seria de la comunidad internacional, de la cual la ONU constituye una parte determinante para resolver la difícil situación que vive Haití», manifestó.

Ramírez  señaló que las repatriaciones que se hacen desde el territorio dominicano son sumamente tímidas si se comparan con la masiva y desbordante presencia de súbditos del vecino país con las cifras que anuncia la Dirección de Migración.

Dijo que esas deportaciones, por su número, carecen de significación y, en todo caso, las mismas se hacen respetando el debido proceso, la dignidad humana y garantizando la seguridad del procedimiento.

«Esta entidad patriótica entiende que el énfasis que ha puesto es representante de la ONU en Haití, en cuanto a la importancia de frenar las deportaciones de menores no acompañados, el supuesto tráfico de niños y mujeres migrantes, incluidas las denuncias de tráfico de órganos y trata de personas con fines sexuales, no tiene ninguna aplicación en lo que concierne a la República Dominicana», señaló.

an/am

Experto de la ONU pide RD parar deportaciones masivas haitianos

Santo Domingo, 29 jun – El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio a conocer este jueves algunas de las faltas encontradas por la comisión especial que investigó el conflicto interno en la Cámara de Cuentas, entre las cuales citó sesiones irregulares por parte del pleno de ese órgano fiscalizador.

«Según lo que me han informado los honorables miembros de la comisión, en un momento determinado el presidente (Janel Ramírez) convocaba, cerraba la sesión y luego irregularmente un sector de la Cámara de Cuentas abría el pleno y tomaban decisiones», explicó.

La comisión comprobó usurpación de funciones administrativas por parte de algunos de los miembros de la Cámara de Cuentas, «realizando traslado del personal y movimientos inadecuados».

De acuerdo con Pacheco, «existen precedentes» que señalan que por faltas menores a las que se encontraron en esta ocasión, el Senado ha realizado juicio político a otras gestiones de la Cámara de Cuentas.

«Nos enviaron informes sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución, la ley y el propio reglamento de la Cámara de Cuentas», indicó.

Asimismo, Alfredo Pacheco dijo que se comprobó que había alteraciones de actas y se escondían archivos de auditoría, para que el público no se diera cuenta de esos ilícitos.

La comisión de diputados designada para investigar la situación interna en la Cámara de Cuentas recomendó el pasado sábado, tras concluir su trabajo, que se someta a juicio político a los miembros de ese órgano fiscalizador por supuestas faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Transcurridos 45 días de trabajo, «donde se agotaron varias jornadas, se entrevistaron a todos los miembros de la Cámara de Cuentas, se solicitó la documentación y sustento de sus posiciones, y luego de varias reuniones deliberando al respecto», la comisión «decidió rendir un informe en donde se sugiera al pleno el inicio del juicio político por encontrar faltas graves», dijo.

El informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá si procede el juicio contra el presidente de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez; la vicepresidente, Elsa María Catano; a la integrante de la Secretaría Tomasina Tolentino y a los miembros del órgano Mario Arturo Fernández y Elsa Peña Peña.

La investigación de los diputados surgió después de que Ramírez dijera ser un preso de confianza del pleno de ese órgano fiscalizador, a la vez que acusó a sus compañeros de tomar decisiones sin consultarle.

«Nos mantendremos firmes con el propósito de que el país, el pueblo y el pleno de este órgano legislativo conozca en los próximos días el informe completo de la investigación», añadió Pacheco.EFE

mf

SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó este jueves a la Procuraduría General impedir la divulgación de las identidades de los detenidos, una «ilegal práctica» que viola la presunción de inocencia, afirmó.

En ese sentido, la CNDH, a través de su presidente, el abogado Manuel María Mercedes, depositó una instancia en la Procuraduría, dirigida también a la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

«La presunción de inocencia es un principio universal, que las autoridades deben preservar» pero que en el país se viola frecuentemente con la divulgación de los nombres e imágenes de detenidos, de acuerdo con Mercedes.

Si la Procuraduría no detiene esta práctica, la CNDH llevará el caso al Tribunal Constitucional o a los organismos internacionales, advirtió el abogado, quien pidió la colaboración de los medios de comunicación ante una situación, que «viola la Constitución y los convenios internacionales.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader manifestó que, si se continúa con el trabajo mancomunado que se ha realizado a través del Fideicomiso DO Sostenible, a más tardar en cuatro años se podrá lograr la meta de que en la República Dominicana no exista ningún vertedero a cielo abierto y el país sea ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región sino, en todo el mundo.

“Vamos a seguir trabajando juntos para tenernos esa meta que a más tardar en cuatro años no exista aquí un vertedero a cielo abierto y que nosotros podamos ser un ejemplo del manejo de residuos sólidos no solamente en la región sino, en todo el mundo y pasar a la economía circular”, expresó. .

El Mandatario planteó la necesidad de promover cada vez más la economía circular que, dijo,  será un factor decisivo en el desarrollo económico, en un crecimiento sano y sostenible del país.

El jefe de Estado habló en una rueda de prensa en el Palacio Nacional  junto al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Ceara Hatton,  y el director ejecutivo del Fideicomiso DO Sostenible, Armando Paíno Henríquez, en la que fueron enumerados los avances en materia de manejo de residuos sólidos.

Precisó que desde el Fideicomiso DO Sostenible se están atendiendo a corto, mediano y largo reformas en todas las áreas de la administración pública. Y reseñó que, en una reunión sobre estos temas con el director de Fideicomiso Público-Privado para Gestión Integral de Residuos Sólidos, Paíno Henríquez, este le informó que si se sigue avanzando, en tres años se va a tener una República Dominicana sin vertederos de cielo abierto.

“Yo le dije, pero vamos a hacer un poco más conservadores y vamos a decir que si seguimos trabajando de esta manera, en cuatro años vamos a tener una República Dominicana sin vertederos a cielo abierto y yo pienso que ese es un objetivo que debemos de tratarnos todos los dominicanos”, significó.

sp-am

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente del Colegio de Abogados, de la Fundación Primero Justicia, Surún Hernández, y el comerciante Manuel García Mejía depositaron una querella ante el Procuraduría Especializado de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) en contra del ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos, acusado de cometer graves irregularidades en la contratación del Proyecto de Ampliación de la autopista de San Isidro.

Hernández denunció que la ampliación de esa autopista fue asignada a la Constructora Cogusa SRL, sin licitación, en violación a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que su construcción tiene más de 600 millones de pesos en sobrevaluación.

Fundación Primero Justicia y el comerciante Manuel García Mejía explicaron en la querella que la constructora Cogusa SRL también varió el diseño original de dicha autopista, adicionándole una marginal y un muro que elimina los retornos, reduciendo los carriles de 6 a 4.

Igualmente, cerró el acceso a los comercios y residenciales, incluyendo el cierre de varias calles, trastornando el tránsito y la vida de los residentes y de cientos de comerciantes de la zona, quienes se encuentran condenados a la quiebra por el cierre de accesos a sus negocios, según los denunciantes.

Explicaron que otra gravedad es que dicha obra no ha sido autorizada por la Alcaldía de Santo Domingo Este, por lo que el ministro de Obras Públicas ha incurrido en los crímenes de prevaricación, usurpación de funciones, abuso de poder y coalición de funcionarios, infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.

Hernández, quien es además precandidato a alcalde por Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo y representante legal de los afectados, indicó que la construcción del muro entre las avenidas Charles de Gaulle e Hípica afecta de manera directa las actividades de los negocios y limita el paso peatonal en perjuicio de residentes y visitantes de la zona.

wj/am

CUBA.- Los presidentes de la Junta de Aviación Civil (JAC), José Ernesto Marte Piantini, y del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron un Protocolo de Enmienda al Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre ambas naciones.

El acuerdo fue firmado en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de Cuba y Juan Carlos Salazar, secretario general de la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en el marco de Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

La firma concluye las negociaciones iniciadas a través de la JAC, y actualiza el acuerdo suscrito en la Habana, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al Artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre ambos territorios caribeños.

Marte Piantini, presidente de la JAC, indicó que el objetivo de actualizar el documento firmado hace 18 años es incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y consecuentemente el transporte aéreo entre los territorios.

Agregó que “a partir de la firma se generan beneficios para los operadores aéreos que vuelen entre Cuba y República Dominicana, dos de las economías más importantes en el Caribe que desde ahora acercan más su relación en materia de aviación comercial”.

Destacó que con el nuevo documento se actualizan las relaciones aerocomerciales entre Cuba y República Dominicana, permitiendo la múltiple designación de forma que “todas las aerolíneas nacionales puedan explotar servicios de transporte aéreo de pasajeros, equipaje y carga desde el territorio nacional hacia Cuba y viceversa. Actualmente, el Acuerdo entre los dos países, sólo permitía la designación de dos aerolíneas a cada país”.

wj/am