MADRID.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, abogó por una protección más eficaz de los consumidores en el comercio electrónico.
Asimismo, planteó la necesidad de adaptar los marcos jurídicos y reglamentos existentes en los países de Iberoamérica y de Europa a las exigencias particulares del negocio que se realiza por Internet.
Alcántara, quien habló del tema en Madrid durante el Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Protección al Consumidor (FIAGC) y autoridades de la Comisión Europea, explicó que cada vez son más las denuncias de fraudes y engaños de ciudadanos que adquieren bienes y servicios a través del comercio online.
Sostuvo que los gobiernos deben prestar especial atención al comercio electrónico, debido al crecimiento vertiginoso que este ha experimentado en los últimos años, principalmente a raíz de la pandemia del Coronavirus (covid-19) que azotó al mundo.
Explicó que las autoridades de consumo enfrentan actualmente retos derivados de la complejidad que genera el comercio electrónico y que son particularmente críticos respecto a la garantía de los derechos de las personas consumidoras vulnerables.
Explicó que entre los retos que las agencias defensoras de los derechos de los consumidores de América Latina y países de Europa enfrentan se destacan la forma específica en que se materializa la vulnerabilidad en las relaciones de consumo dentro del ámbito digital, así como las nuevas dificultades para mantener una vigilancia eficaz del mercado online, tanto en lo que se refiere a las prácticas publicitarias como a la compraventa de bienes y servicios.
Igualmente, citó la proliferación de nuevos agentes (intermediarios y plataformas) cuyas responsabilidades han de ser bien delimitadas y el impacto medioambiental que se deriva de las nuevas formas de consumo digital.
El titular de Pro Consumidor también señaló que ante estas problemáticas que afectan directamente al consumidor en el negocio online, se hace necesario un intercambio de cooperación en los Estados miembros de las diferentes agencias regionales de protección al consumidor.
En ese sentido, dijo entender que deben establecerse acuerdos de cooperación entre los Estados para proteger al consumidor que se sienta afectado por la compra de un bien o servicio cuando un proveedor se encuentra ubicado o establecido en otro territorio.
“Igualmente, los gobiernos a través de las agencias gubernamentales de protección al consumidor deben intercambiar información sobre las políticas y las medidas que tienen que ver con la defensa de las personas consumidoras”, agregó.
Apuntó que la situación actual del comercio electrónico ha abierto preguntas relevantes para las políticas públicas y ha comprometido a las agencias gubernamentales de protección al consumidor a jugar un rol importante para que los consumidores se les garanticen sus derechos.
En ese orden, manifestó que como agencias “nuestra responsabilidad recae en la el vigilar la información que proporcionan los proveedores en sus sitios web, a fin de velar por que ésta se encuentre disponible de manera clara y accesible, puesto que es importante para la toma de decisiones de los ciudadanos para la compra vía internet”.
Asimismo, llamó a la creación de un Observatorio Internacional de comercio electrónico que tenga un sistema de alertas interconectado, donde se pueda detectar prácticas comerciales fraudulentas, engañosas o desleales y de manera conjunta buscar soluciones viables en beneficio de los consumidores.
Explicó que el propósito del observatorio consiste en analizar la información contenida en las páginas web de los proveedores que realizan comercio electrónico, determinar el grado de cumplimiento de los parámetros exigidos, como también dar cuenta de buenas prácticas, para la transparencia de los mercados y la confianza de los consumidores, gestionar y canalizar la posible solución de casos transfronterizos mediante la colaboración entre las agencias participantes.
“Se hace necesario implementar herramientas y normativas para salvaguardar los intereses de los consumidores en el comercio electrónico”, insistió.
Alcántara aseguró que desde Pro Consumidor, ha abogado por la creación de mayores controles que garanticen la seguridad en el comercio electrónico en los países de América Latina y el Caribe, con miras a evitar los fraudes y estafas que afectan a millones de usuarios en todo el mundo.
También, manifestó que la entidad que dirige ha desarrollado varios trabajos como talleres, charlas y campañas de educación en busca de mitigar este mal que afecta a muchas naciones.
