SANTO DOMINGO.- Un buen funcionario es alguien que está en el lugar indicado y que posee los conocimientos y la habilidad para resolver problemas que sin su ayuda serían un auténtico calvario para la comunidad.
Así como existen servidores públicos mediocres, también los hay impecables. Gracias a estos últimos, la existencia se torna más agradable.
Es el caso de Raquel Cruz Díaz, procuradora fiscal adscrita al Ayuntamiento de Santo Domingo Este, una funcionaria amable y eficaz, que en lugar de encadenar una ristra de peros y dificultades nos abre vías de acceso y nos despeja el camino cuando creíamos que entrábamos en un túnel o en un callejón sin salida.
Esta bella mujer, casada y con tres hijos, ha demostrado tener idoneidad, responsabilidad y firmeza al aplicar medidas contra los establecimientos de entretenimiento cuyos propietarios anteponen sus deseos de lucro a la tranquilidad y bienestar de la comunidad.
El propósito de su lucha contra el desorden y ruido es contribuir al ordenamiento del municipio Santo Domingo Este y ayudar a construir una ciudad donde no todo se vale, donde no funcione el tráfico de influencias y la Ley sea aplicada a todos por igual.
Al hablarnos sobre su ofensiva contra el ruido y el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad en colmadones, bares y discotecas, Cruz Díaz explicó que dicho proyecto «surgió con un levantamiento que hicimos en el municipio Santo Domingo Este, donde observamos que las viviendas que existían en los alrededores de los centros de diversión tenían un letrero de se vende, por lo que comenzamos a entrevistarnos con esos residentes, y las experiencias fueron inmensamente negativas».
«Escuchar la desesperación de esas personas, envejecientes, enfermos, o simplemente ciudadanos, que necesitaban paz y tranquilidad dentro de sus domicilios, a quienes les eran violentados sus derechos fundamentales, y cuyas voces clamaban en el desierto, porque nadie les escuchaba», nos animó a plantear soluciones», precisó.
Indicó que esas personas le narraban como eran testigos de actos sexuales en sus galerías, tiroteos y disturbios. «Es por ello que elaboramos un proyecto de solución a esta problemática, basado en lo establecido por la ley, y lo presentamos al ayuntamiento de Santo Domingo Este, ya que los gobiernos municipales tienen la responsabilidad de controlar las emisiones de ruidos que sobrepasen los limites establecidos y deben, por mandato legal, proteger los espacios públicos de ocupaciones indiscriminadas», explicó.
Recordó que hace un tiempo empezó a implementar la supervisión y cierre, previa notificación, de dichos negocios, lo que algunos detractores calificaron en un principio como «un bulto de una funcionaria que quería llamar la atención de los medios».
«Mucha gente fue incrédula al principio, máxime cuando este tipo de comercio es asociado a esferas de poder; sin embargo, creo que poco a poco los ciudadanos empiezan a confiar en este trabajo», expresó.
A su juicio, el ruido representa retraso económico y social para la ciudad. «Cuando los ciudadanos son afectados por el ruido, padece de depresión, desencanto e impotencia, además de experimentar poco rendimiento escolar, baja en la producción laboral, pérdida de la salud, deficiencias del sueño, irritabilidad y poca tolerancia, lo que se traduce en retraso económico y social para la ciudad».
Dijo que siempre contó con el apoyo del entonces alcalde Juan de los Santos, quien cubrió los gastos del proyecto y puso a su disposición los recursos humanos necesarios, desde expertos en gestión ambiental, técnicos, hasta obreros y policías municipales.
«El apoyo del alcalde Juan de los Santos fue esencial para este proyecto, su compromiso con la creación de un municipio organizado y libre de contaminación sónica ha sido tan palpable que ha puesto todo el personal del ayuntamiento, seguridad, vehículos y combustible, para que esto se convierta en una realidad», aseguró.
Agregó que ha tenido el respaldo de los jueces a la hora de procesar a los propietarios de los establecimientos que no cumplen con las disposiciones municipales, lo que calificó como uno de los soportes más importante para llevar a cabo el cumplimiento de la ley, «muy especialmente, porque llevamos un procedimiento totalmente apegado a los requerimientosdel debido proceso, respetando el derecho de defensa, citando previamente a los posibles infractores y dándoles la oportunidad de que rectifiquen».
«Por eso, cuando los casos han tenido que ventilarse en los tribunales, los fallos siempre han sido a favor de la ciudadanía que quiere vivir en paz», afirmó.
