Puerto Príncipe, (Prensa Latina) El pasado 25 de noviembre, el controvertido Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que la actual crisis de Haití no tiene precedentes y puede contraer un 1,2 por ciento el Producto Interno Bruto.
Nicole Laframboise, directora del equipo del FMI, tras una breve visita a la nación caribeña, señaló que si la crisis continúa, podría tener consecuencias ‘devastadoras’ a largo plazo, incluyendo las pérdidas de capital físico y humano.
Laframboise hizo referencia al empeoramiento de la pobreza y la inseguridad, y cómo el Gobierno ha sido privado de los medios para realizar inversiones productivas y actividades de apoyo, aunque omitió la responsabilidad del organismo financiero en la situación que vive el país.
Movilización general
A mediados de septiembre, debutó la más reciente oleada de protestas antigubernamentales, la más larga e intensa desde la llegada al poder del presidente Jovenel Moïse en febrero de 2017.
Las manifestaciones estuvieron precedidas por una fuerte escasez de combustible que casi triplicó su precio en el mercado informal, a pesar de las prohibiciones de autoridades oficiales.
Aunque el suministro de los carburantes se estabilizó, ya el polvorín de décadas de inconformidad, desempleo, mínimas políticas públicas, aumento de la desigualdad, falta de acceso a servicios básicos y oportunidades, se diseminó por casi todo el territorio nacional.
‘Jamás en el desarrollo de este siglo XXI, hubo tanta conciencia de que las cosas tienen que cambiar, y hay un pueblo inmenso a nivel de todos los sectores, hay un rechazo de la población’, dijo en conversación con Prensa Latina, Susy Castor, reconocida intelectual e historiadora.
Exiliada durante la dictadura de los Duvalier (François y Jean Claude), Castor señala que más allá de las claras reivindicaciones, no se trata solamente de que un gobierno se vaya, sino del reclamo a la ciudadanía y la soberanía, ‘la gente quiere vivir y ser ciudadanos de un país verdadero’.
En la reciente crisis salieron a las calles casi todos los sectores de la vida nacional, con demandas como cambio de sistema, gobierno de unión nacional y juicio contra quienes desfalcaron el tesoro público.
Pese al reclamo popular, en un país donde el 60 por ciento vive por debajo de la línea de la pobreza, el 70 por ciento de la población activa está desempleada, y casi cuatro millones padece de inseguridad alimentaria, el mandatario Jovenel Moïse insiste en mantener su puesto y llama a unidad y diálogo nacional.
Su propuesta ha sido rechazada en reiteradas ocasiones por sectores opositores, que ya oficializaron un comité de transición para guiar al país tras una eventual renuncia del jefe de Estado.
Las protestas antigubernamentales estuvieron acompañadas de una forzada recesión de actividades económicas, el cierre de algunas empresas o la reducción de personal en otras, además de cortes de carreteras y el precario funcionamiento de la administración pública.
Desde el debut de la movilización, se estima que unos dos millones de niños no han podido asistir a clases, y aunque en noviembre Haití experimentó una tensa tregua, aún muchas escuelas de la capital y la periferia de Puerto Príncipe permanecen cerradas.
Papel del FMI en la crisis nacional
La crisis que llenó titulares en buena parte de la prensa regional, con acuciosas historias de corrupción, implicación del mandatario en defalco de fondos públicos que debieron atender las urgencias de la desgastada nación, muchas veces pasaron por alto el papel del cuestionado FMI en la degeneración de la economía nacional, y sus consecuencias en la sociedad haitiana.
En el ocaso del régimen de Jean Claude Duvalier (1971-1986), cuando huyó del país en medio una insurrección popular contra su gobierno, el FMI y otros organismos internacionales, liderados por Estados Unidos, vieron en Haití un mercado virgen y cercano para el arroz subsidiado de los agricultores norteamericanos.
En esa fecha, la nación caribeña producía todo el grano que necesitaba para sobrevivir, pero los ‘amigos’ del FMI, a cambio de un préstamo de 24,6 millones de dólares, esencial para un país saqueado por la dictadura, exigieron la reducción de los aranceles comerciales que protegían su producción arrocera y agrícola nacional.
Tres décadas después, el llamado país más pobre del hemisferio norte, tiene una total dependencia del arroz estadounidense, mientras los agricultores tuvieron que abandonar el campo al no poder competir con los productos importados.
Más recientemente, a mediados de 2018, el FMI condicionó un préstamo al Gobierno, a la eliminación de la subvención del combustible, lo que generó una ‘insurrección popular’ de aquellos a quien la vida se le encarecería sustancialmente.
Algunos expertos señalan ese momento como el debut de la crisis que se extiende hasta estos días y cuya resolución no se avizora en un corto o mediano plazo.
Sin embargo, estas causas no aparecen en el informe del organismo internacional, que se limita a indicar la necesidad de designar a un Gobierno ‘comprometido con la reforma de la economía’.
La prioridad inmediata de las autoridades, según el texto, debería ser estabilizar la economía, aumentar la recaudación de impuestos, reducir las exenciones fiscales y tomar medidas para racionalizar el gasto público.
Una conclusión similar a la de expertos nacionales, que también abogan por la urgente revitalización de la producción agrícola, que le permitirá al país una mayor independencia económica, mientras disminuye la cifra de desempleo, y se reduce la inseguridad alimentaria.
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