Autor: PRENSA LATINA

Según la invitación del Palacio Nacional, que circula en redes sociales, el encuentro está previsto para mañana viernes a las 13:00, hora local, con los firmantes del llamado acuerdo del Marriot, que en noviembre pasado signaron un documento para establecer el periodo tras la eventual renuncia del mandatario.

El jefe de Estado envió una carta a Rosemond Pradel, representante del Partido de Fusión de los Socialdemócratas Haitianos, que forma parte de la plataforma Mache Kontre, y confirmó su intención de debatir el documento.

El acuerdo de Marriot también aboga por cambios en la Constitución, celebración de juicios contra malversadores del tesoro, revisión de la maquinaria electoral, diplomacia moderna, eficaz y responsable, y la celebración de una Conferencia Nacional, entre otros temase.

De acuerdo con Nahomme Dorvil, director de gabinete de la Presidencia, este paso del mandatario forma parte de una estrategia para encontrar una solución pacífica a la crisis que atraviesa el país en los últimos meses.

Desde inicios de noviembre Haití experimenta una tensa tregua, tras dos meses de continuas protestas antigubernamentales, que demandaban un cambio de sistema, y exigían la dimisión inmediata del jefe de Estado, implicado en presuntos casos de corrupción por el Tribunal de Cuentas.

Las movilizaciones que sacudieron el país criticaban además las políticas neoliberales instauradas tras la dictadura de los Duvalier (1957-1986), que agudizaron las diferencias sociales, y mantienen a más del 60 por ciento de la población por debajo de la línea de la pobreza.

La invitación de la Presidencia tiene lugar luego de que esta semana varias ramas de la oposición y simpatizantes del Gobierno se reunieran en la Nunciatura Apostólica para abordar la crisis, aunque las reuniones no llegaron a ningún acuerdo.

También ocurre después de que una comisión de la oposición entregara al gobernante una copia del acuerdo de Marriot.

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Además, unos 220 vehículos fueron vandalizados, de ellos 66 incendiados y otros 154 dañados por balas o piedras, deploró Méhu Changeux, coordinador sindical.

Changeux criticó que los asesinatos y las lesiones se produjeron en varias zonas del país, ante la inacción del Gobierno para frenar el clima de inseguridad, particularmente en la entrada sur de la capital.

El clima de seguridad se ha deteriorado en Haití en los últimos años, mientras que las recientes protestas antigubernamentales, disminución de empleos y aumento en los precios de la canasta básica agudizaron ese fenómeno, sobre todo en los barrios desfavorecidos.

La policía ha perdido el control de varias zonas del país, que son operadas por pandillas, y en las que aumentaron drásticamente los secuestros y asesinatos.

A finales de noviembre, los transportistas amenazaron con una huelga si las autoridades continúan sin garantizar la seguridad de los conductores y deploraron que muchos mueren al volante de sus vehículos.

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Según el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR), muchos de los migrantes son víctimas de violaciones recurrentes de derechos humanos en la frontera, negación de los derechos a la dignidad, igualdad, respeto y la no discriminación.

En el año que culmina, el Gobierno dominicano arreció los controles migratorios y redadas en diversas provincias del vecino país, mientras la crisis sociopolítica sacudía a Haití, con cíclicas protestas antigubernamentales.

También desde noviembre pasado, se reanudaron las deportaciones de haitianos desde Las Bahamas, luego del paso del huracán Dorian, que segó la vida de unas 70 personas, aunque las autoridades reconocen que la cifra puede aumentar.

Hasta la fecha, 340 haitianos fueron deportados, de acuerdo con la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), y la última oleada de 113 personas arribó a Puerto Príncipe este mes de diciembre.

Pese a la inestabilidad sociopolítica y económica de Haití, la OIM estima que las deportaciones deben continuar, pues las autoridades bahamesas anunciaron su intención de devolver a la mayoría de indocumentados, muchos de ellos de nacionalidad haitiana.

Géralda Saint-Ville, responsable de Comunicaciones y Promoción del GARR, insistió en que el Gobierno haitiano debe encauzar la migración en el país, y alertó que las operaciones de repatriación de las autoridades dominicanas suelen ir acompañadas de malas condiciones de detención y daños físicos.

Saint-Ville también expresó su preocupación por la migración irregular de muchas personas que se lanzan a mar en barcos improvisados, y en ocasiones terminan sucumbiendo en las aguas.

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Joseph Frantz Nicolas, director general del Fondo, precisó que la ayuda financiera por más de 35 mil dólares se entrega en su totalidad a la Sociedad de Ciegos, y permitirá proporcionar instalaciones y equipos adaptados, además de solventar los gastos de escolaridad y la producción de libros.

La iniciativa surge en el marco de aplicación de la política del Ministerio de Educación de Haití, sobre la escolarización de personas que requieren un acompañamiento especial, y permitirá a la asociación realizar múltiples tareas, indicó Nicolas.

De igual manera, señaló el deber del Fondo Nacional para la Educación de proporcionar asistencia a estos infantes, que, a menudo, se encuentran entre los grupos marginados de la sociedad, aseguró.

En Haití, cerca de 100 mil personas, o el uno por ciento de la población, padecen de ceguera, y según los expertos el número crece por la falta de atención a enfermedades tratables.

Michel A. Péan, coordinador nacional de la Sociedad de Ciegos, sostiene que el proceso de educación de niños con discapacidad visual no debe tomarse a la ligera, ya que es una inversión en el futuro y el desarrollo sostenible.

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El juez se desmarcó de la supuesta lista de tres miembros de la Corte, que habrían aceptado encabezar el gobierno transitorio propuesto por grupos hostiles, luego de la dimisión del mandatario, que este año enfrentó intensas movilizaciones en su contra.

En conferencia de prensa, Sylvestre subrayó que la Constitución haitiana ya trazó los caminos seguidos por los poderes del Estado, y que ninguno de estos puede delegar su responsabilidad al margen de las disposiciones de la ley fundamental.

Criticó, asimismo, que algunos comportamientos tienden a debilitar la justicia, y negó que asociaran su nombre con contiendas de ese tipo.

‘No tengo ambición política. La justicia debe diferenciarse de la política’, dijo el letrado, e insistió a sus colegas a respetar la ley, la Constitución y alejarse de toda sospecha.

A inicios de noviembre pasado, tras dos meses de continuas movilizaciones antigubernamentales, varias franjas de la oposición acordaron en el hotel Marriot, un periodo pos-Jovenel, la celebración de una Conferencia Nacional, revisión de la maquinaria electoral, juicios contra malversadores de fondos públicos y la designación de un presidente interino.

En el encuentro de dos días decidieron elegir al próximo jefe de Estado, entre tres jueces del Tribunal de Casación, aunque no se divulgaron los nombre por seguridad, aseguraron.

Analistas señalan que la forzada tregua que vive el país ha debilitado a las fuerzas opositoras, que habían prometido continuar las manifestaciones.

Por su parte, Moïse aprovecha la pausa, y recientemente declaró la formación de un nuevo Gobierno antes que finalice el año, nueve meses después de la destitución del primer ministro Jean Henry Céant.

Aunque el Palacio Nacional aún no lo ha negado o confirmado, varios medios de prensa adelantaron que ya están en marcha las negociaciones para establecer el ejecutivo, en las que sirven como mediadora las Naciones Unidas y la Nunciatura Apostólica.

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