NUEVA YORK.- Una sanción disciplinaria e incluso un castigo firme a este policía, no me va a devolver a mi hijo. Pero sí podría evitar que a otra madre le asesinen a un hijo”.
La expresión anterior que se escuchó repetidamente este martes en frente de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York, surgió de la voz de Mery Verdeja, la madre de Allan Feliz, el joven que hace exactamente hace cuatro años, resultó muerto en El Bronx, luego de una caótica parada de tránsito policial que terminó en lo peor.
Esta madre dominicana y su familia se unió a grupos comunitarios y funcionarios electos para pedir al alcalde y al comisionado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), que no paralicen el caso que corre en la Junta de Revisión de Quejas Civiles (CCRB), contra el teniente Jonathan Rivera, quien presuntamente en un confuso procedimiento, cegó la vida de Feliz.
El pasado mes de agosto, de acuerdo con lo compartido por portavoces de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, la familia Feliz se enteró que la Uniformada “estaba considerando impedir que la CCRB, procese al teniente implicado en este hecho”.
La CCRB, una agencia de vigilancia de las actuaciones policiales de la Ciudad, divulgó el pasado mes de mayo, que presentaría cargos disciplinarios por el uso de fuerza excesiva contra el efectivo. Esa querella tal como fue considerada, eventualmente, podría ser motivo para el despido de Rivera.
“La vida de Allan importaba”
“Como familia dominicana de Washington Heights, no somos ajenos al racismo, la discriminación racial y la violencia policial. La vida de Allan importaba. Hago un llamado a las actuales autoridades de la Ciudad, a hacerlo mejor que sus predecesores al permitir que el teniente Rivera sea procesado y se pueda programar su juicio” , exigió Samy Feliz, hermano de Allan Feliz.
De acuerdo con un comunicado de la coalición Comité de Justicia (JC), la cual desde 1980 construye un movimiento contra la violencia policial, “una posible medida de NYPD para archivar este caso, es la última de una serie de demoras y tácticas de obstrucción que han podido evidenciar”.
Trascendió que la División de Investigación de la Fuerza (FID) del NYPD, mantuvo una investigación durante casi dos años, que no encontró ninguna irregularidad en ese operativo policial, paralizando las acciones de la CRRB, más allá del plazo de 18 meses, que es el tiempo mínimo para imponer castigos y cargos disciplinarios.
El hecho
Con base a la versión de los hechos, expuesta por la familia Feliz y ratificada por el Comité de Justicia, luego del seguimiento de una serie de fotografías, exactamente el 17 de octubre de 2019, el teniente de NYPD, Jonathan Rivera (quien era sargento en ese momento) y los oficiales Edward Barrett y Michelle Almanzar detuvieron a Allan Feliz en la esquina de la calle 211 Este y la Avenida Bainbridge en El Bronx, por supuestamente no usar el cinturón de seguridad.
“Las imágenes de la cámara corporal, muestran a los agentes reconociendo que Feliz llevaba puesto el cinturón de seguridad, pero en lugar de permitirle marcharse, los agentes intensificaron la situación deteniéndolo ilegalmente y atacándolo”, indica textualmente esta versión.
En este relato se detalla que el teniente Rivera se subió al asiento del pasajero del automóvil, le disparó con una pistola Taser, lo golpeó y amenazó con dispararle. Luego le detonó a quemarropa en el pecho.
Aseguran además que después de que le dispararon, el oficial Barrett sacó el cuerpo inerte del auto, exponiendo sus genitales.
“Ninguno de los agentes lo cubrió inmediatamente, ni le proporcionó asistencia médica. En cambio, lo dejaron desangrándose, esposado y expuesto”, sostiene el reporte.
Líderes electos reaccionan
Hace un par de semanas, 39 funcionarios electos de la ciudad y el estado, enviaron una carta al alcalde Adams y al comisionado Cabán, pidiéndoles que dejaran el caso contra el teniente Rivera, en manos de la CCRB. Exigían que confirmaran esta exhortación, antes del cuarto aniversario de la muerte de Allan Feliz.
Entre los aspectos que destaca esta misiva: Es que el teniente Rivera, tiene un extenso historial de abuso de su autoridad como oficial de policía y mala conducta. Y ya le ha costado a la ciudad $195,000 en acuerdos de demandas civiles en casos separados. Sin embargo, su salario anual ha aumentado aproximadamente $60 mil desde 2019.
“Ni el alcalde, ni el comisionado, han respondido”, remarcó este martes la JC.
Entretanto, la concejal de Brooklyn, Alexa Avilés, una de las signatarias de esta carta, razonó que esta tragedia es consecuencia de la confrontación agresiva y resultado directo de que la Ciudad cedió mucho poder y fuerza a un cuerpo policial, que con demasiada frecuencia “desempeña el papel de juez, jurado y verdugo”.
¡Exigimos al comisionado Edward Cabán, como el primer comisionado latino de NYPD, que una de sus primeras decisiones importantes en materia de responsabilidad policial, no debe ser proteger al oficial que despojó brutalmente a su ser querido a una familia latina. Debe dejar el caso en manos de la CCRB. Y permitirles hacer su trabajo!”, aseveró Avilés.
También la senadora estatal de Queens, Jessica Ramos se integró a la petición de varios funcionarios electos que exigen que el oficial implicado sea despedido.
“Hemos visto todas las imágenes. Es claro que este joven sí llevaba el cinturón de seguridad en el momento de su detención. Tenemos mucho dolor y rabia. Exigimos no solo que lo echen de las filas policiales, sino que la justicia haga lo debido y lo responsabilice de estos hechos”, demandó Ramos.
