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LA HAYA.- En lo que puede catalogarse como otro logro y paso de avance de la política exterior dominicana, por primera vez República Dominicana depositó un escrito en un procedimiento de opinión consultiva ante la Corte Internacional de la Justicia (CIJ).
El escrito trata sobre las obligaciones de los Estados frente al cambio climático en la que se busca establecer las bases jurídicas para una justicia climática, especialmente en favor de los Estados más vulnerables a este fenómeno.
El depósito fue realizado en la sede de la CIJ, en la ciudad de La Haya, por la redactora principal de la opinión, Alejandra Torres Camprubí, y el consejero de la embajada dominicana en el Reino de los Países Bajos en esta misión diplomática, Miguel Santelises.
El procedimiento consultivo surgió de la resolución 77/276 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el objetivo principal de consultar a la CIJ sobre las obligaciones de los Estados para garantizar la protección del sistema climático y cuáles son las consecuencias jurídicas cuando por sus actos u omisiones causen daños significativos al medio ambiente y a otras naciones.
República Dominicana solicita en su escrito, entre cosas, que sean tomados en cuenta los siguientes elementos: La determinación por vía judicial de que las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero han causado inequívocamente una peligrosa interferencia en el sistema climático; el desconocimiento que ha existido y continua existiendo respecto de las obligaciones internacionales de mitigación climática; la obligación habitual de garantizar que las actividades realizadas en un Estado no causen daños al medio ambiente de otros Estados; la obligación de respetar la integridad territorial de cada Estado y el derecho fundamental a supervivencia; y su deber general de promover, respetar y preservar los derechos humanos de sus poblaciones contra los impactos nocivos del cambio climático.
Esta opinión fue redactada por un equipo de trabajo honorífico liderado por Torres Camprubí con la participación de los abogados dominicanos Claudia S. de Windt, Julio José Rojas Báez y Anderson Dirocié, apoyados en Boni Guerrero Canto, director Jurídico del MIREX, con la colaboración de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (CJPE) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
jt/am
