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SANTO DOMINGO.- El Senado de la República Dominicana aprobó hoy en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), para la protección de los intereses del país.
El proyecto crea dicha Dirección como órgano centralizado del Estado, con el objetivo también de evaluar amenazas internas y externas y coordinar lo relativo al Sistema Nacional de Inteligencia.
La iniciativa define la DNI como «el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional» y estará bajo la dependencia del presidente de la República.
Entre las atribuciones del nuevo órgano figura investigar cualquier actividad ejecutada por personas, grupos o asociaciones, que «atente» contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho y ponga en riesgo la seguridad nacional.
La entidad puede recopilar y procesar información relevante para la protección de los intereses del país, así como contrarrestar en el ámbito nacional «actividades» de cualquier tipo que representen un riesgo, amenaza, agresión, o subversión para la seguridad nacional.
Asimismo, tiene facultad para cooperar con el Ministerio Público, en caso de que este lo requiera y siempre que el DNI lo considere necesario, con apoyo tecnológico y técnico en asuntos de crimen organizado y corrupción administrativa.
En la sesión, los legisladores también aprobaron en segunda lectura el proyecto sobre exoneración de impuestos a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad para uso público y privado en las vías públicas.
El Senado ratificó, asimismo, el acuerdo que firmó la República Dominicana con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el financiamiento del proyecto de apoyo a la implementación del Programa Supérate y el Fortalecimiento del Sistema de Protección Social.
El contrato busca implementar un plan integral de inclusión económica para jóvenes en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con prioridad para aquellos que no estudian ni trabajan.
