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Puerto Príncipe, 16 nov (Prensa Latina) Haití perdió por actos de corrupción unos cuatro mil millones de gourdes (30,3 millones de dólares) o el dos por ciento del presupuesto nacional para el año fiscal 2022-2023, según un informe estatal.
La Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) presentó 11 investigaciones que involucran a instituciones de la administración pública como la Oficina Nacional del Seguro de Vejez, el Centro Nacional de Equipamiento, la Lotería del Estado, los ministerios de Educación y Asuntos Exteriores, el Ayuntamiento de Ouanaminthe y el Senado.
Los delitos identificados como resultado de las pesquisas son malversación de bienes públicos, enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, abuso de funciones, apropiación ilegal de tierras, falsa declaración de bienes, falsificación de documentos públicos y conspiración criminal, reveló el director general de la ULCC, Hans Jacques Ludwig.
En el caso del Senado, la investigación detectó graves anomalías e irregularidades en la gestión y administración de los recursos materiales, en particular la concesión de tarjetas de débito a los funcionarios.
Aunque solo deberían beneficiarse de ese mecanismo los funcionarios que cumplieran satisfactoriamente el periodo de tres meses previsto por la ley, en la práctica muchos de ellos tuvieron acceso a las tarjetas antes y en algunos casos se utilizó para pagar primas de rendimiento por cantidades superiores a los ingresos regulares.
RECOMIENDA ACCIONES LEGALES CONTRA EXSENADOR
La ULCC también recomendó a la Fiscalía emprender acciones legales contra el exsenador Nenel Cassy por enriquecimiento ilícito y falsa declaración de patrimonio.
Según la investigación el exparlamentario eludió sus obligaciones y declaró solo al final de uno de los mandatos senatoriales, mientras que sus cuentas bancarias y las de su esposa aumentaron desproporcionadamente con sus ingresos.
Por su parte, en la Oficina se Seguros contra la Vejez existen sospechas de corrupción en torno a los contratos de alquiler de vehículos celebrados entre julio de 2021 y febrero de 2023.
Los investigadores apuntan a una mala gestión de los recursos financieros y materiales, la matriculación privada de determinados vehículos alquilados por la institución, falta de aprobación del Tribunal de Cuentas, incumplimiento de las normas de contratación pública, entre otros.
jf/ane
