Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- El movimiento Participación Ciudadana (PC) expresó este lunes su «profunda preocupación» por el retraso que llevan en los tribunales los expedientes de corrupción y advirtió de que algunos podrían quedar «en la impunidad» al vencer el plazo establecido para su conocimiento.
En una carta enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, PC alertó de que «los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario».
«No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el Poder Judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia», apuntó la organización en la carta compartida a los medios.
Para PC, «sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha contra la corrupción y la impunidad», los casos caduquen, como ocurrió recientemente cuando el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declaró la extinción de la acción penal contra los imputados en el expediente por la compra de los aviones Super Tucanos tras vencer el plazo.
En su carta a Molina, PC afirma que «en los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del Ministerio Público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral».
Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, «en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un plazo razonable».
