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SANTO DOMINGO.- El «no ha lugar» que emitió el juez Alejandro Moscoso Segarra en favor del senador Félix Bautista y otros seis ex funcionarios acusados de corrupción «está ajustado a sólidos principios constitucionales y en obediencia a reglas imperativas del derecho procesal», según el jurista Ramón Pina Acevedo.
Calificó de valiente, honesta y acertada la decisión del ex fiscal del Magistrado. «En su decisión, Moscoso Segarra luce un conocimiento profundo, no solo de nuestro Derecho Procesal, sino de todo el armazón constitucional que protege al ciudadano contra las injusticias», expresó.
Dijo que «es difícil, por no decir imposible, dudar de la rectitud y honorabilidad del juez Moscoso Segarra, quien ejerció primero como ayudante del fiscal del Distrito Nacional, después como procurador fiscal, donde desarrolló una inolvidable y correcta labor que no ha podido ser superada, todo sin contar su intervención en otros cargos de la administración pública cercanos a la Justicia, donde siempre ha salido sin mancha».
«Su decisión, que la mayoría comenta sin haberla leído, revela un conocimiento cabal de la materia y un valor a toda prueba para respetar y consignar su criterio y convicción», manifestó.
Aseguró Moscoso Segarra cumplió con el mandato de la ley, de la Biblia y de su conciencia, haciendo valer su convicción, aún a riesgo de que los más mezquinos intereses urdan en las sombras toda clase de dicterios para desconocer la honradez de un ejemplar magistrado».
«Ese rosario de acusaciones fue sometido a la consideración del Ministerio Público, que, consciente del valor de las pruebas, decidió en buena justicia, en el momento, ordenar el archivo del expediente formado que, lógicamente, no podría ser vuelto a la vida con las mismas pruebas».
Explicó que, «si se observa que a la sombra del principio constitucional, surge la aclaración del Código Procesal Penal en su artículo 9, cuando manda una `única persecución´, o sea, nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho».
Pina Acevedo es uno de los abogados de mayor edad y con más años de ejercicio de la República Dominicana. Es el padre del conultor jurídico del Poder Ejecutivo, Ramón Pina Toribio.
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