Trump elige a Susie Wiles como jefa del gabinete en Casa Blanca
Abinader entrega muelles en Río San Juan y Cabrera para la pesca
Primer Ministro Haití seguirá en Puerto Rico, su futuro es incierto
Asonahores dice turismo aporta el 15.9 % del PIB dominicano
Gobierno anuncia Simulacro Nacional Evacuación Terremoto
EEUU aplaude decisión de Perú de romper relaciones con Irán
Dominicana y Haití condicionan reapertura de sede diplomática
Trump asegura que EE.UU tiene municiones ilimitadas para Irán
Dominicano Juan Soto conecta cuadrangular 23 beisbol de GL
EEUU sanciona a un nieto del expresidente Raúl Castro
EEUU: Trump tacha a España como un «país arruinado»
China insta Unión Europea que cese sus amenazas unilaterales
IRAN: Guardia Revolucionaria promete respuesta ataque EEUU
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella por un supuesto despojo fraudulento de 92 millones de metros cuadrados cedidos dentro del Parque Nacional Jaragua en Enriquillo, Barahona.
Mediante instancia presentada ante la PEPCA, dichos terrenos, propiedad del Estado dominicano, benefician a Oceanus Investment, representada por el español José María de Pereda Fernández.
El presidente de la entidad, Miguel Surún Hernández, solicita investigar el contrato suscrito por Sigmund Freund y la Dirección de Alianzas Público-Privadas.
“Esto se trata de un grave hecho donde funcionarios públicos falsean fraudulentamente los hechos para favorecer a un empresario español, legitimando títulos de propiedad producto de fraude en perjuicio del pueblo dominicano y del Parque Jaragua” manifestó Surun Hernández.
Aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado Dominicano, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 147, 148 175, 176, 265, 266, 405 406 del Código Penal de la República Dominicana.
Advirtió que los desestimientos suscritos fraudulentamente en perjuicio del Estado, carecen de validez, por lo que dicho inmueble es propiedad inalienable del pueblo dominicano.
of-am
