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El gobierno de Luis Abinader, que no ha cumplido con sus promesas de campaña para nuestros connacionales emigrados, vuelve a cacarear como si fuera éxito propio el flujo de remesas que estos envían a pesar de la crisis económica que registran las principales naciones donde residen.
Al dar a conocer a través del Banco Central que las remesas recibidas en el primer semestre del año en curso superaron los US$4 mil millones, admiten que esto le ha permitido un incremento en sus reservas internacionales y un crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB). Las remesas representan un 13.3 % del PIB dominicano.
El monto de remesas recibidas y la proyección de que bordearan los US$ 10 mil millones al final de año, reafirman a nuestros migrantes como una de las más seguras e importantes fuentes de captación de divisas para el Estado y un factor básico en una estabilidad macroeconómica que no se traduce en bienestar para las grandes mayorías poblacionales.
Aun con su significativo y variable aportes, nuestros migrantes siguen siendo considerados por estos gobiernos oligárquicos como parias apestosas hacia las cuales no se asumen responsabilidades ni se les reconocen derechos.
El mejor ejemplo de lo dicho es el decreto 430-17 de la autoría de Danilo Medina y que aún bajo el gobierno de Abinader se mantiene y mediante el cual al dominicano viajar al país se le cobra el impuesto de los 10 dólares de turista. A través de este decreto el estado se ha apropiado alrededor de 43 millones de dólares del bolsillo de nuestros migrantes que visitan al país.
Ahora este gobierno y el Congreso bajo su control acaban de aprobar una ley de devolución de Impuesto a la Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) para los turistas extranjeros que realicen compras durante su estada en territorio nacional superior a los 100 dólares.
A nosotros/as, los/as dominicanos/as, de manera ilegal nos obligan pagar millones de dólares durante el año solo por el impuesto sombra que representa el decreto 430-17, mientras que a los turistas mayormente de Estados Unidos, Canadá y Europa les dan una amnistía al comprar bienes de producción nacional o importados.
La lógica de los dueños del poder está marcada por un claro sentido clasista que se resume en menosprecio hacia nuestros migrantes y postración ante lo extranjero.
