A un año de una tragedia en Baní 

El primero de mayo del pasado año una pared construida ilegalmente sobre unas humildes viviendas se derrumbó causando la muerte de tres integrantes de una familia, madre, hija y nieta.

Aún con uno de los cuerpos debajo de los escombros se apersonaron al lugar la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Obras Públicas Deligne Ascención y el ministro de la Presidencia Paliza.

El presidente Abinader llamó al diputado Julito Fulcar y le dió instrucciones para que gestione la asistencia necesaria. Lo que parecía un proceso rápido y oportuno para asistir a las familias afectadas, procurándole un lugar adecuado para residir provisionalmente en lo que se le construía una casa, se tornó en viacrusis que aún persiste.

A duras penas, después de meses de constantes reclamos fue que Santos… , un laborioso albañil, viudo por causa del derrumbe, pudo lograr que le pagaran el alquiler de una vivienda y así salir de una casa en construcción prestada que le servía de albergue, sin puertas ni ventanas, donde le sustrajeron algunos enseres que poseía.

Ni la gobernadora Yadira Báez, en quien la vicepresidenta delegó resolver a la mayor brevedad posible las promesas hechas ni el diputado a quien el presidente tuvo la iniciativa de llamar, han logrado en un año proveer de un techo a las familias que el derrumbe le destruyó sus hogares, ni reparar otras.

El senador Milcíades Franjul y el diputado Luis Báez, ambos oficialistas, prometieron donar algunos enseres que nunca llegaron. El alcalde Santo Ramírez había prometido unos terrenos para la construcción de la vivienda y cuando finalmente lo hizo, tras meses de espera, los mismos estaban ubicados en un área inundable en situaciones de emergencia.

El procurador Fabal prometió una justicia que no ha llegado con relación al propietario de la ferretería que construyó la pared sin los permisos ni la seguridad suficiente, pese a los reclamos de los habitantes del barrio Santa Cruz, conocido como La Paja.

A un año de la tragedia las autoridades de esta localidad han mostrado una indolencia indescriptible, falta de solidaridad y una inercia incalificable. Las autoridades nacionales han olvidado el caso y los pobres han quedado desamparados.

jpm-am