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SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) dijo estar preocupada por «enfrentamientos jurídicos» que, según afirma, existen entre la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Ministerio de Educación y otras instituciones de la Administración Pública.
A su juicio. la DGCP “se desbordó” en su competencia al ordenar la anulación de los 56 lotes para la adquisición de equipos portátiles para las clases virtuales del año escolar que acaba de finalizar, lo que ha provocado que se elevaran varias solicitudes de medida cautelares anticipadas ante el Tribunal Superior Administrativo.
ADOCCO recordó a la DGPC que «existen varias estrategias para luchar por la transparencia y contra la corrupción, algunas que parten de la desconfianza de los funcionarios públicos y que establece un sinnúmero de mecanismos preventivos, que en muchos casos hace ineficaz la compra y contratación para el suministro de bienes, servicios y obras en beneficio de la colectividad».
Por otro lado, otras estrategias parten de la confianza en los funcionarios públicos con procesos y criterios más flexibles, que fortalece el mecanismo preventivo en las consecuencias civiles, disciplinarias, administrativas y penales que pudiera generar una actuación incorrecta.
«En ese sentido, ADOCCO ve con preocupación una serie de criterios e interpretaciones legales establecidos por la DGPC que vulneran las competencias exclusivas del órgano operativo (el comprador) para definir su compra, lo que limita irrazonablemente las posibilidades de proceder a los contratos y contrataciones públicas para traducirlo en bienes y servicios en beneficio de la colectividad, lo que ha provocado que un número importante de instituciones del Estado, no hayan podido ejecutar ni el 25% de su plan anual de compras, faltando solo 4 meses para el cierre del año, constituyendo un revés para la consecución de los propósitos de esas instituciones», indicó la entidad en un documento enviado a ALMOMENTO.NET.
Opinó que la DGCP ha excedido sus competencias en sus comunicaciones denominadas “remisión de resultados de análisis preliminares y solicitud de presentación de escrito de defensa”.
Recomendó a la DGCP la creación de una unidad de indicios penales que analice los casos de posible corrupción en las contrataciones públicas, pero que permita al gobierno realizar las compras y contrataciones necesarias para cumplir con la demanda de bienes y servicios en beneficio de la sociedad.
