Usemos al Banco Mundial, institución financiadora de la regulación del agua, concediendo préstamos por miles de millones de dólares que pagarán los ciudadanos de cada país intervenido.
Por esa causa, la privatización del agua aparece vinculada a megaproyectos como el Plan Puebla Panamá, el Sistema de Interconexión de Sistemas Eléctricos México-Panamá, Plan Regional para inversión en el Medio Ambiente y en la Salud (PIAS) para tratamiento de agua para beber, saneamiento y drenaje.
* Que las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, establecerán el precio del agua.
* Como el recurso es escaso tiene valor cuando los usuarios estén dispuestos a pagar por él. Opinan que entre más se pague por el agua más bienestar tenderá el individuo y la sociedad.
* Que el precio del agua permitirá una asignación más eficiente del recurso, y los precios altos propiciaran el ahorro y la conservación del agua, así como regular la demanda.
* Que la participación ciudadana tiene como objetivo promover la participación del sector privado, creando condiciones adecuadas para la compatibilización de la planificación con el libre mercado asegurando derechos plenos a los concesionarios.
* Es prioridad la participación privada nacional y transnacional, así como la descentralización en el aprovechamiento del Recurso Hídrico.
* Que las comunidades campesinas puedan actuar como individuos en el mercado.
* La Ley de agua permitirá que la sociedad se acostumbre a ese mecanismo de asignación, principalmente cuando un alto porcentaje de familias no podrá acceder a un mercado competitivo.
* Que el problema de qué es más beneficioso a la sociedad es más un problema moral que económico, por lo cual una política clara sobre los derechos restringirá el margen de manipulación política. * El mercado no ofrecerá solución a los conflictos ambientales caracterizados por alto costo de transacción.
* La administración del recurso puede realizarse al nivel de cuenca o acomodarla a la división política del país. Existe una órgano Nacional de agua donde están representados la Administración del Estado, entidades locales, organismos de cuencas y otros.
Hasta hoy ninguna legislación de aguas en América Latina ha probado ser la solución a los problemas existentes en ese sector: escasez y contaminación del agua, desertificación, salinización del agua, agotamiento de aguas subterráneas, merma y sequía de los ríos, exclusión del acceso al agua, elevados precios, mala calidad del agua, uso no racional del agua, gestión deficiente del recurso.
Los especialistas y políticos ofrecieron que incluyendo el agua en el mercado, privatizando el sector y someterlo a la supuesta disciplina del mercado, los problemas existentes en sector agua serían resueltos.
Muchos gobiernos se apresuraron a aprobar y reformar leyes para insertar las aguas en el libre mercado.
Todas esas leyes cuadradas en el esquema de Mercado de Aguas de libre transacción de los derechos de aguas sólo aseguraron una fuente segura de lucro para los concesionarios o usuarios del derecho de aguas, las oligarquías locales y a la burocracia estatal.
Después de más de veinte años de aplicación del credo de libre mercado a las aguas, el desigual acceso al agua y el deterioro del recurso siguen profundizándose, esta vez con la intervención planificada de empresas privadas extranjeras o nacionales en la construcción, manejo, operación o administración del recurso.


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