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Puerto Príncipe, 17 may – El Gobierno de Haití abrirá hoy una nueve debates sobre el proyecto constitucional, que serán trasmitidos a través de los medios tradicionales y plataformas digitales.
En las discusiones participarán reconocidas personalidades de diversos ámbitos, para explicar al público los principales cambios del documento que deberá someterse a votación el 27 de junio.
De aprobarse, la carta magna será la número 23 desde la independencia de Haití en 1804, regresará los derechos políticos de los integrantes de la diáspora, al promover su acceso a puestos gubernamentales y legislativos, al tiempo que sustituirá al primer ministro por un vicepresidente también electo en comicios generales junto al mandatario.
Uno de los cambios más polémicos es la sustitución del Senado, aunque recientemente las autoridades electorales sugirieron que esta estructura podría permanecer en la nueva Constitución tras las discusiones con varios gremios políticos y sociales.
El texto también permitirá a los ciudadanos disfrutar de nacionalidades múltiples, un derecho vetado en la vigente ley de leyes., y establece un mandato presidencial de cinco años, prorrogable solo por igual periodo de tiempo.
A pesar de que el Gobierno intensificó en los últimos meses su campaña para promover el SÍ, el ejercicio levanta numerosas críticas tanto de opositores como aliados, que lo consideran autocrático y a destiempo.
«Este referéndum es una payasada porque el meollo del problema haitiano no es un asunto constitucional», dijo Michel Péan, exsecretario de Estado para las personas con discapacidades, durante una de las masivas protestas ocurridas en marzo en la capital.
Sectores de la oposición, por su parte, recordaron que el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse culminó el 7 de febrero, lo cual lo invalida para modificar la ley fundamental.
Organizaciones como la propia gubernamental (Partido Haitiano Tet Kale) se desmarcaron del referendo, al considerar que irrespeta la Constitución, mientras la comunidad internacional criticó la falta de transparencia e inclusión del ejercicio.
Pese a las críticas, el Gobierno asegura seguir en marcha y defendió su derecho soberano a realizar el plebiscito, y a finales de la semana pasada anunció el arribo de los primeros materiales electorales.
La oposición, por su parte, anunció otra serie de protestas para denunciar los planes del Gobierno.
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