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PUERTO PRINCIPE.- Los jueces de Haití continúan su movimiento de huelga para presionar al Ejecutivo a retirar el reciente decreto por el cual jubilaron a tres magistrados.
Desde hace dos semana los tribunales del país solo atienden los casos urgentes con un servicio mínimo, y amenazan con prolongar la situación, hasta tanto el Gobierno responda a sus demandas.
El 8 de febrero, el presidente Jovenel Moise jubiló a tres jueces presuntamente relacionados con un gobierno transitorio, que pretendía sustituirlo al frente del país.
Sin embargo, la Constitución establece que estos magistrados sin «inamovibles», por lo cual las diversas asociaciones de letrados criticaron las acciones del Gobierno, a las que calificaron de inconstitucionales y al margen de la ley.
Las autoridades, por su parte, defendieron el despido, al asegurar que la ordenanza velaba por la independencia del poder judicial.
De acuerdo con el canciller, Claude Joseph, el decreto se basó en el artículo cinco de la ley sobre el funcionamiento del Poder Judicial «que prohíbe a los jueces cualquier manifestación política partidista».
«Cuando un juez o jueces se autoproclaman presidente, es un enfoque que obstaculiza la libertad o al menos la independencia de la justicia. La decisión de enviar jueces retirados es un paso destinado a restaurar la independencia del poder judicial», dijo el ministro de Relaciones Internacionales y Culto.
Las asociaciones de magistrados, en cambio, recordaron que la ley prevé un procedimiento para sustituir los puestos vacantes en la Corte, en el cual debe participar el Senado, la Presidencia y el Consejo Superior de la Judicatura, y subrayó que los jueces son inamovibles.
Este lunes esas organizaciones confirmaron que mantendrán la huelga y esperan que el Poder Ejecutivo «se esfuerce por responder favorablemente a sus demandas».
Además de la postura de los jueces, sectores de la oposición, organizaciones sociales y diversos gremios cuestionan la legitimidad del mandato presidencial de Moïse, y estiman que su gestión frente al Gobierno culminó el 7 de febrero.
También lo acusan de querer conducir al país hacia una dictadura, y la víspera, junto a organizaciones religiosas, convocaron a una masiva protesta que sumó a miles de simpatizantes de todos los estratos sociales en varias ciudades del país.
